La UE pide a Rajoy aprovechar el buen momento económico para reducir el déficit

Pese a registrar un crecimiento sólido y más equilibrado que en el pasado, la economía española sigue siendo vulnerable a un cambio repentino en el sentimiento de los mercados debido al alto nivel de deuda pública y privada y al elevado desempleo. Ese es el diagnóstico de los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) que visitaron Madrid la semana pasada como parte de las misiones semestrales de vigilancia tras el rescate bancario de 2012. Los 'hombres de negro' -según la denominación acuñada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- piden al Gobierno de Mariano Rajoy que aproveche el buen momento económico para acelerar la reducción del déficit y hacer más reformas laborales.

El aviso de Bruselas llega a pocos días de que el Ejecutivo comunitario empiece a examinar el proyecto de Presupuestos para 2018 elaborado por Montoro. Unas cuentas expansivas que incluyen un incremento salarial para los funcionarios, una subida de las pensiones más bajas y una rebaja fiscal en el IRPF. El Gobierno sostiene que incluso con este aumento del gasto cumplirá el objetivo de rebajar el déficit hasta el 2,2% del PIB exigido por la UE, pero lo fía todo a un aumento de ingresos por la buena coyuntura económica. España es ahora el país de la UE con más déficit público (3,1% en 2017) y el único que quedará este año en el procedimiento sancionador por déficit excesivo.

La Comisión Europea espera que España le notifique oficialmente su plan presupuestario para 2018 antes de final de abril. A partir de ese momento, dispondrá de un plazo de 15 días para rechazarlo si considera que vulnera los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De lo contrario, publicará su opinión probablemente en mayo. Bruselas ya chocó con el Gobierno de Rajoy por la rebaja de impuestos electoralista de 2016 y estuvo a punto de multarle y congelar los fondos estructurales. Pero en el último minuto, España acabó librándose de las sanciones.

"España debe aprovechar la oportunidad que le proporcionan las favorables condiciones económicas para continuar con la consolidación fiscal con el objetivo de garantizar una reducción decisiva en la tasa de deuda pública y reconstruir los amortiguadores presupuestarios que le permitan superar cualquier shock negativo", resalta el comunicado de conclusiones publicado este lunes por la Comisión y el BCE.

Los inspectores reclaman además al Gobierno de Rajoy que haga más reformas para consolidar un crecimiento sostenible y un mayor aumento de la productividad. En particular, "medidas para continuar reduciendo el paro, hacer el mercado laboral más inclusivo, mejorar el entorno empresarial y reforzar la capacidad de innovación de la economía".

Mejorar la gestión de la Sareb

En cuanto a la situación de la banca, la Comisión y el BCE destacan que el sector goza en conjunto de una cómoda situación de liquidez, mantiene su nivel de rentabilidad (si se excluye el efecto de la liquidación de Banco Popular) y varias entidades han aumentado las emisiones de títulos de de deuda. Además, la tasa de morosidad de los bancos españolas sigue cayendo y se acerca ya a la media de la UE.

Para los inspectores comunitarios, la principal tarea pendiente de la reestructuración del sector bancario español es la privatización completa de la entidad resultante de la fusión de Bankia y BMN. "Completar la privatización del banco fusionado y los planes de desinversión de las fundaciones bancarias en las cajas de ahorro reforzará todavía más el sector bancario español", dice el comunicado. 

Bruselas y el BCE reclaman además mejorar la gestión de la Sareb -el banco malo al que se transfirieron los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas rescatadas- porque aunque ha mejorado su margen bruto, sigue registrando resultados financieros negativos. En 2017 cerró el ejercicio con pérdidas de 565 millones de euros.

De los 41.300 millones de euros con los que la UE rescató en 2012 al sector bancario español, el Gobierno de Rajoy ha devuelto ya de forma anticipada cerca de 15.000 millones. La deuda pendiente con el fondo de rescate (MEDE) se sitúa así en 26.700 millones. El último pago está previsto para finales de 2027.