Los avisos desde la UE han sido múltiples, pero el Gobierno populista de Roma los ha ignorado todos. En un gesto sin precedentes, la Comisión Europea tumbó en octubre los Presupuestos italianos para 2019 por disparar el gasto público y triplicar el déficit hasta el 2,4% del PIB. Pero la coalición formada por La Liga de Matteo Salvini y el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio persistió en su desafío a Bruselas y volvió a presentar el mismo borrador la semana pasada.
Al Ejecutivo comunitario no le ha quedado otro remedio que activar este miércoles un procedimiento de déficit excesivo contra Italia, que podría acabar con sanciones de hasta el 0,2% del PIB, es decir, alrededor de 3.500 millones de euros. Su máxima preocupación es la deuda, que alcanza ya el 131,2% del PIB, es decir, el equivalente a 37.000 euros por habitante. Roma no ha adoptado las medidas exigidas para reducirla al ritmo que marcan las reglas de la UE.
"Este paso es la consecuencia lógica e inevitable de la decisión de las autoridades italianas de no modificar sus objetivos de déficit en el plan presupuestario revisado que nos han enviado", se ha lamentado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. "La Comisión asume su responsabilidad legal y política en interés de los ciudadanos de Italia y de la eurozona en su conjunto", alega.
Para el Ejecutivo comunitario, los Presupuestos del Gobierno populista de Roma "acarrean riesgos para la economía italiana, sus compañías, sus ahorradores y sus contribuyentes". Unos riesgos que ya empiezan a materializarse en la ralentización del crecimiento (será sólo del 1,2% en 2019, el más bajo de la eurozona) y en un aumento de los costes de financiación para el Estado y también para empresas y familias.
El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha resaltado que el contagio de la crisis italiana al resto de Estados miembros es todavía "limitado" y que la eurozona "dispone ahora de suficientes instrumentos para capear shocks económicos". Pero Bruselas se mantiene vigilante porque "entre los países que comparten la misma moneda, la actuación de un país es una preocupación para todos".
El procedimiento de déficit excesivo se inicia con un informe publicado este miércoles por el Ejecutivo comunitario en el que constata que Italia no está cumpliendo su obligación de reducir su deuda pública. El informe tiene que ser aprobado ahora por el Ecofin en un plazo de quince días. "No veo motivos para que no lo hagan", ha señalado Moscovici. De hecho, el Gobierno de Roma no cuenta con el apoyo de ningún otro país de la eurozona.
A continuación, el Ejecutivo comunitario enviará una nueva petición a Roma para que haga los ajustes necesarios y le dará un determinado plazo, que suele ser de seis meses. Es decir, el procedimiento hasta llegar a las sanciones será enrevesado y durará todavía meses. El comisario de Asuntos Económicos ha reclamado "diálogo y sangre fría" a las autoridades italianas.
Sin embargo, no parece que Salvini y Di Maio vayan a rectificar ahora. En su carta de respuesta a la Comisión, el ministro de Finanzas italiano, Giovanni Tria, justificó el incumplimiento de las reglas de la UE por la necesidad de"relanzar las perspectivas de crecimiento" y de "afrontar las dificultades sociales"que se arrastran desde la Gran Recesión. Los mercados de momento no se han lanzado contra Italia como esperaba Bruselas: la prima de riesgo italiana ha subido pero se mantiene en niveles soportables.
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