La última escapatoria del 'brexit': ¿puede Londres parar unilateralmente su salida de la UE?

11 de diciembre de 2018. A última hora de la tarde, el Parlamento británico vota y tumba el acuerdo de divorcio que Theresa May ha negociado durante 17 meses con la UE. La primera ministra británica dimite o su Gobierno cae porque el partido unionista irlandés DUP le retira su apoyo. En unas elecciones anticipadas a principios de febrero de 2019, se imponen los laboristas de Jeremy Corbyn. El nuevo Ejecutivo le pide a Bruselas más tiempo para renegociar el brexit. Pero los líderes de los 27 se niegan alegando que las elecciones europeas no dejan más margen de maniobra: o el acuerdo de May o una salida caótica de Reino Unido el 29 de marzo de 2019. ¿En este escenario hipotético pero no del todo inverosímil, podría Londres parar unilateralmente el brexit?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá responder a esta pregunta en las próximas semanas, antes de que la salida de Reino Unido se materialice. El caso lo ha planteado el más alto tribunal de Escocia a petición de un grupo de diputados y eurodiputados escoceses que quieren parar el brexit. El TJUE se lo toma tan en serio que ha aceptado tramitarlo por el procedimiento de urgencia (entre 3 y 6 meses) y ha decidido actuar en pleno, con sus 28 jueces.

"Ya hemos ganado al conseguir llegar hasta aquí. Hay muchísimas otras opciones más allá del desastroso acuerdo de la señora May. No tengo ninguna duda de que el brexit puede pararse", ha dicho el eurodiputado del Partido Nacional Escocés (SNP) Alyn Smith, uno de los promotores del caso. 

Durante la vista celebrada este martes en Luxemburgo, los jueces han prometido hacer pública la sentencia "rápidamente", aunque no han fijado ninguna fecha. Además, antes deberá pronunciarse el abogado general encargado del caso, que es el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, que publicará su opinión no vinculante el 4 de diciembre, antes de la votación en el Parlamento británico. Licenciado en Derecho por las Universidades de Sevilla y Granada, Campos Sánchez-Bordona ha pasado durante su dilatada trayectoria por los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias o Cantabria. Antes de llegar al TJUE en 2015, fue magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo durante 16 años.

El litigio tiene como objetivo aclarar la interpretación del artículo 50 del Tratado de la UE, el que establece el procedimiento para la salida de un Estado miembro. Este artículo reconoce que todos los países de la UE tienen derecho a pedir unilateralmente su retirada de la Unión. En él se fija un plazo de dos años para negociar las condiciones, que puede prorrogarse por acuerdo unánime entre las partes. Pero no aclara qué pasa si un Gobierno se arrepiente a medio camino y decide quedarse. Reino Unido es el primer país en la historia de la UE que ha pedido marcharse: May envió la carta que desencadena el procedimiento el 29 de marzo de 2017.

En la vista de este martes se ha visto una clara colusión de intereses entre los abogados que representan a Reino Unido y los que actúan en nombre de la Comisión y del Consejo de la UE. En ambos casos piden que la cuestión se declare inadmisible o que el TJUE dictamine que Londres no puede revocar unilateralmente el brexit: necesita el acuerdo unánime de los otros 27 Estados miembros.

Abusos y mala fe

El abogado del Gobierno británico, Richard Keen, ha querido dejar claro a los jueces que "Reino Unido no tiene intención de revocar su notificación". Su tesis es que este caso se está utilizando como "munición política" para presionar al Parlamento británico y desestabilizar a Theresa May. Por eso ha pedido al TJUE que no abra esta "caja de Pandora".

Para Hubert Legal, el letrado del Consejo de la UE (no es una broma, el jefe del servicio legal del Consejo de la UE se llama realmente Hubert Legal), reconocer a Londres el derecho a revocar el brexit unilateralmente crearía un precedente muy peligroso. En el futuro, cualquier Estado miembro podría invocar el artículo 50 de mala fe, como táctica negociadora para obtener condiciones ventajosas. Las negociaciones de salida serían en realidad un intento de "convencer a la oveja notificante de que vuelva al redil".

¿Sería la celebración de un segundo referéndum un motivo suficiente para detener el brexit? El abogado de la Comisión ha contestado que sí, pero ha dejado claro que "tiene que haber un mecanismo de control" para evitar abusos del país que notifique. De lo contrario, cualquier Estado miembro podría solicitar la salida, detenerla y volverla a pedir hasta el infinito, sin asumir ningún riesgo, sólo para chantajear a sus socios. Se consagraría una situación de inestabilidad perpetua que es precisamente lo que quiere evitar el artículo 50 con ese plazo tasado de dos años. Un arma de destrucción masiva en manos de Gobiernos populistas como los de Hungría, Italia o Polonia.

Sin embargo, los propios juristas que redactaron este artículo durante las negociaciones del Tratado de Lisboa, firmado en 2007, discrepan de esta interpretación. "Las intenciones pueden cambiar. Todavía tenemos todos los derechos de un Estado miembro, incluido el derecho a cambiar de opinión o de sentido de voto, como hacen a menudo los Estados miembros, por ejemplo después de unas elecciones. El artículo 50 habla de retirada voluntaria, no de expulsión: no tenemos que marcharnos si, en cualquier momento dentro de los dos años, decidimos que no queremos hacerlo", ha dicho el diplomático británico John Kerr, que participó en la redacción del Tratado.

"Incluso después de activar el artículo 50 y notificar a la UE su intención de marcharse, no hay ningún obstáculo legal para que Reino Unido cambie de opinión", coincide Jean-Claude Piris, jefe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE cuando se redactó el Tratado de Lisboa. La última palabra ahora la tienen los 28 jueces del TJUE y lo que digan marcará el debate en Londres en las semanas previas al brexit.