Bruselas lleva a Polonia ante el TJUE por limitar la independencia de los jueces

Nuevo episodio en el pulso de Bruselas para frenar la deriva autoritaria en Polonia. La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar al Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia -principal aliado de Vox en la Eurocámara- ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por limitar la independencia de los jueces y poner así en riesgo la separación de poderes. 

Este nuevo procedimiento legal forma parte de la ofensiva que ha lanzado el Ejecutivo comunitario para hacer frente a los problemas en materia de Estado de derecho en Polonia desde 2015, hasta ahora sin ningún resultado. Bruselas ha lanzado ya tres expedientes contra el Gobierno de Varsovia y ha pedido medidas cautelares al TJUE en dos ocasiones.

Además, la Comisión activó en 2017 por primera vez en la historia contra Polonia el denominado 'botón nuclear'. Es decir, el procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado, que en última instancia permitiría suspender el derecho de voto de Varsovia en la UE. Sin embargo, este expediente está bloqueado porque requiere unanimidad entre el resto de Estados miembros y Ley y Justicia cuenta con el apoyo de la Hungría de Viktor Orbán.

El nuevo caso que el Ejecutivo comunitario ha llevado este miércoles al TJUE se refiere a la ley sobre el poder judicial que entró en vigor en Polonia en febrero de 2020. Bruselas considera que esta norma socava la independencia de los jueces polacos y es incompatible con la primacía del derecho comunitario, según ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders.

La ley impide a los tribunales polacos aplicar directamente las disposiciones del derecho de la UE que protegen la independencia judicial y tampoco les permite plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, bajo amenaza de procedimientos disciplinarios.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, durante la rueda de prensa de este miércoles CE

Además, la Comisión sostiene que Polonia vulnera el derecho comunitario al permitir a la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo -cuya independencia según Bruselas no está garantizada- tomar decisiones que tienen un impacto directo sobre los jueces y la forma en la que ejercen su función.

Entre estos asuntos se encuentran la posibilidad de levantar la inmunidad a los jueces con el fin de procesarlos o detenerlos, con la suspensión temporal y la reducción de salario que eso conlleva. La mera perspectiva para los jueces de sufrir procedimientos por parte de un órgano cuya independencia no está garantizada provoca un "efecto paralizador" para los jueces y puede afectar a su propia independencia, según Bruselas.

La Comisión considera que todo ello socava gravemente la independencia judicial y la obligación de garantizar una protección legal eficaz, y por tanto el orden legal de la UE en su conjunto. 

Además de llevar el caso ante el TJUE, el Ejecutivo comunitario reclama a Luxemburgo la aplicación de medidas cautelares. En concreto, pide la suspensión inmediata de los poderes de la Sala Disciplinaria, la anulación de las decisiones que ha adoptado hasta ahora y la suspensión de las disposiciones que impiden a los jueces polacos aplicar directamente el derecho comunitario.