La fiscal española que combatirá en la UE el fraude y la corrupción con los fondos comunitarios

La coincidencia es casual pero al mismo tiempo muy oportuna. La Fiscalía Europea es una institución prevista desde 2007 en el Tratado de Lisboa, pero su arranque ha sufrido múltiples retrasos. Al final, empezó a funcionar el pasado 1 de junio, justo cuando el presupuesto comunitario experimenta una expansión histórica gracias al fondo Next Generation de 750.000 millones de euros. En su primera semana de vida, ya se le han transferido un centenar de casos. 

"Es inevitable que con este aumento en las ayudas europeas se produzcan defraudaciones que finalmente acaben en el ámbito penal. En este sentido, la Fiscalía Europea está preparada para actuar frente a estas infracciones", explica en una entrevista a EL ESPAÑOL la representante española en el directorio de la EPPO, Concha Sabadell (51 años), que saltó a la fama mediática como fiscal del caso Gürtel. "Es evidente que cuando se conceden fondos de esa magnitud, el trabajo de la Fiscalía va a incrementarse considerablemente", añade.

España es (por detrás de Italia) el segundo país de la UE que recibirá más dinero de Next Generation. De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado 70.000 millones en subvenciones para los próximos 3 años. ¿Le precupa que se disparen los casos de fraude en nuestro país? "Lo que hay que estar es muy vigilantes para que no ocurra eso. Es necesario un control de estas subvenciones desde un primer momento", responde Sabadell. 

La fiscal destaca en este sentido el trabajo de la Intervención General de la Administración del Estado y pide incorporar cuanto antes a la legislación española la directiva que protege a los denunciantes de irregularidades. También reivindica el papel de la Fiscalía Anticorrupción, que es un "ejemplo" que han seguido otros Estados miembros. "En este sentido, sí estamos especializados en este tipo de fraudes y eso permite una mejor persecución quizá que en otros países", asegura.

La fiscal jefe de la UE, la rumana Laura Kövesi CE

Es en la Fiscalía Anticorrupción donde Sabadell, especializada en la investigación de delitos económicos, ha desarrollado la mayor parte de su carrera: desde 2009 hasta septiembre de 2020. Antes estuvo en la fiscalía de San Sebastián y en la de Madrid. Su salto a Luxemburgo (donde está la sede de la EPPO) supone seguir avanzando en esta trayectoria: "la persecución de la delincuencia financiera, pero a nivel europeo".

"Queremos evitar los problemas que muchas veces nos encontramos en la persecución en este tipo de delitos: las diferentes legislaciones y la existencia de fronteras. Para los delincuentes, las fronteras y las distintas legislaciones no suponen ningún problema pero sí para su persecución. Es un proyecto desde cero, pero precisamente eso lo hace interesante. Se trata de un gran paso adelante para la UE", relata la fiscal española. 

Sin embargo, hay cinco Estados miembros que han decidido no participar en la Fiscalía Europea: Dinamarca, Irlanda, Hungría, Polonia y Suecia. "No deja de ser una cesión de soberanía en un ámbito muy importante y muy sensible como es el ámbito penal. Pero es una cuestión política. Yo espero que en muy breve plazo los cinco países al final quieran unirse a la fiscalía porque creo que realmente es eficaz y realmente se protegen mejor los intereses financieros de la UE", sostiene Sabadell. 

Los sucesivos Gobiernos españoles han apoyado desde el principio la creación de la Fiscalía Europea. Sin embargo, nuestro país se ha retrasado en el nombramiento de los fiscales europeos delegados que trabajarán sobre el terreno en España (de los 7 previstos faltan 2) y sobre todo en la reforma legislativa necesaria, que aún no se ha concluido. 

"En España, la dificultad está especialmente en la legislación, porque es un órgano muy diferente de lo que existe ahora en España como fiscalía. El fiscal europeo delegado es el va a actuar como juez instructor, va a ser el fiscal director de la investigación y el juez pasa a asumir una función de juez de garantías", explica la fiscal española. 

Y es que la EPPO consta de dos niveles. Un nivel central que está en Luxemburgo, formado por la fiscal general Kovasi y 22 fiscales europeos, uno por cada Estado miembro (Sabadell en el caso de España). Y una red de fiscales europeos delegados en cada país, que son los que tramitarán los diferentes procedimientos de acuerdo con las respectivas legislaciones nacionales y en los juzgados nacionales. 

Miriam Segura (i) y Concha Sabadell, fiscales del casto Gürtel. Kiko Huesca Efe

A Sabadell le corresponde supervisar los procedimientos en España y actuar de enlace entre los los fiscales europeos delegados y la sede central. "Si hay un procedimiento en España, lo tramita un fiscal europeo delegado y yo lo superviso. Pero luego las decisiones se toman en una sala permanente formada por tres fiscales europeos, ninguno de ellos español, con lo cual se garantiza plenamente la independencia de este órgano", apunta.

Desde ya mismo, los ciudadanos particulares tienen la posibilidad de informar directamente a la Fiscalía Europea de cualquier sospecha de fraude que involucre fondos de la UE. A velocidad de crucero, la nueva institución manejará alrededor de 3.000 casos al año, según las previsiones de Bruselas. Una cifra que probablemente acabe aumentando por la mayor cantidad de dinero que supone el fondo Next Generation.

La Fiscalía se ha marcado como objetivo intentar recuperar todos los fondos asociados con el fraude y otras actividades ilegales que investigue. En 2018, la diferencia entre los ingresos por IVA esperados y la cantidad realmente recaudada fue de 140.000 millones de euros. Según el último informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE, en 2019 se perdieron alrededor de 460 millones de euros debido a irregularidades fraudulentas. Sin embargo, la cantidad real de daños sufridos por el presupuesto comunitario es probablemente mayor, ya que el fraude es por definición, una forma oculta de delito.

A largo plazo, la Comisión ha planteado ampliar las competencias de la Fiscalía Europea para que se ocupe también de los delitos de terrorismo transfronterizo, algo que probablemente exigirá una reforma de los Tratados. "Por el momento tenemos que centrarnos en la competencia que nos han dado. Demostrar que somos eficaces, que somos realmente independientes. Con ello llegará seguramente, y yo estoy convencida, la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea", sostiene Sabadell.