Macron no teme a la calle: se juega otra revuelta y una moción de censura si aprueba las pensiones

Ahora, Macron ha decidido volver a poner en riesgo su futuro político al defender la impopular reforma de las pensiones que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y cuya tramitación entra en la recta final este jueves, cuando será sometida a votación en las dos cámaras del Parlamento francés. 

Ante la posibilidad de no conseguir el respaldo total de los diputados, el Gobierno podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite suprimir el debate parlamentario y aprobar un proyecto de ley de manera inmediata sin someterlo a votación. Usar este mecanismo, sin embargo, abre la puerta a que la oposición presente otra moción de censura, que debe tramitarse en 48 horas. Y no sólo eso: también amenaza con caldear (todavía más) los ánimos en la calle. 

Los manifestantes asisten a una manifestación contra el plan de reforma de pensiones del gobierno francés en París, como parte del octavo día de huelga nacional y protestas en Francia , el 15 de marzo de 2023 Reuters

Desde enero, los principales sindicatos del país, unidos en una inédita coalición, han convocado huelgas y manifestaciones por todo el territorio. El miércoles, 1,7 millones de personas, según los sindicatos y 480.000, según los datos del Ministerio del Interior, volvieron a salir a la calle en un último y desesperado intento por convencer a los legisladores de que no apoyen el plan de Macron. 

Una reforma que no sólo cuenta con el rechazo frontal de las fuerzas sindicales, sino también de los partidos de izquierda, la extrema derecha de Le Pen y, de acuerdo con todas las encuestas, con la oposición de al menos dos tercios de los franceses. 

[Filibusterismo, moción de censura y otras claves de la polémica reforma de la jubilación en Francia]

Esta última jornada de movilizaciones, la octava en lo que va de año, estuvo marcada por los efectos de los paros laborales convocados desde hace días en distintos sectores, como el energético o el de recogida de residuos. De hecho, en París, las marchas contra la reforma de pensiones se celebraron entre las más de 7.000 toneladas de basura desperdigadas en las aceras que se han acumulado en la capital en la segunda semana de huelga de los basureros municipales.

"Es el último grito del mundo sindical", indicó Laurent Berger, el secretario general de la Conferencia Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el principal sindicato del país, al inicio de la protesta. Esta coincidió con la reunión de una comisión mixta compuesta por siete diputados y siete senadores en la que se consensuó a puerta cerrada el texto definitivo. 

Artículo 49.3: "Lo peor de lo peor"

A pesar del creciente y manifiesto descontento popular, Macron parece no estar dispuesto a ceder, como tampoco ha estado dispuesto a sentarse a hablar con los sindicatos. El presidente de la República sigue convencido de que el cambio es esencial para garantizar "el equilibrio financiero del sistema para 2023" porque, según defendió en enero al diario Le Parisien, "hay que trabajar un poco más". De no hacerlo se estima que en diez años se acumularía un déficit de cerca de 150.000 millones de euros.

Hoy por hoy, el Gobierno dice contar con una "sólida mayoría" en el Parlamento, según ha declarado esta misma semana Macron a la televisión francesa BFMTV. De hecho, el miércoles por la noche, el mandatario francés se reunió con su primera ministra, Élisabeth Borne, y algunos ministros para asegurarse de que la reforma tiene el apoyo necesario. No obstante, la votación en la Asamblea Nacional (cámara baja), que se realizará por la tarde después de pasar por el Senado (cámara alta), se prevé ajustada. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una reunión de trabajo 500 días antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de París 2024 . Reuters

[Francia será inviable con una jubilación a los 62 años]

Es esa incertidumbre lo que ha despertado los temores sobre el posible uso del artículo 49.3, que aunque tiene una larga tradición y se ha utilizado en repetidas ocasiones, popularmente se considera un el último recurso y una maniobra altamente arriesgada. Los sindicatos ya han advertido que su aplicación desataría la ira ciudadana. 

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT, segundo sindicato francés), Philippe Martinez, ha señalado que la puesta en marcha de este instrumento constitucional sería "lo peor de lo peor" y que haría "vacilar la democracia" por no tener en cuenta "lo que pasa en la calle", recoge Efe. En la misma línea, el también dirigente de la CGT, Olivier Mateu, ha denunciado que si el Gobierno recurre al 49.3 se “saltaría las reglas de la democracia" y debería esperar "reacciones".