Sánchez se queda solo: todos los grandes de la UE impulsan expulsiones exprés y repatriar a migrantes irregulares

Sánchez, en cambio, recordó las penurias de los compatriotas que emigraron a América en los cuarenta y le planteó que "España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o cerrado y pobre".

El presidente anunció su hoja de ruta desde Madrid y en Bruselas. En Madrid, adelantó una reforma del Reglamento de Extranjería "para agilizar los procesos de los migrantes que residan en España, eliminando trámites burocráticos innecesarios, ordenando las figuras de arraigo y creando nuevas figuras en torno al empleo y las redes familiares". En Bruselas, apuesta por la solidaridad entre países para el reparto de las personas llegadas ilegalmente y por el adelanto del Pacto de Migración y Asilo cuya entrada en vigor está fechada para 2026. Quiere que comience en 2025 para desactivar las corrientes más duras que ya prosperan en Europa.

Foto: Guillén (EFE) | Vídeo: E.E.

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La línea fijada desde Moncloa contrasta, pues, con el cambio de agenda generalizado en el resto de la Unión, y no sólo entre los países gobernados por fuerzas tradicionalmente vinculadas a la derecha radical. 

En Alemania, el canciller Olaf Scholz acaba de reintroducir controles en todas sus fronteras para frenar la inmigración irregular y mejorar la seguridad. En Francia, el nuevo primer ministro, Michel Barnier, ha prometido "limitar la inmigración". Hungría y Países Bajos reclaman una "excepción" para no tener que aplicar las normas de asilo comunitarias. En Austria acaba de ganar las elecciones el partido de ultraderecha FPÖ con un discurso antiimigración.

Después de tres años y medio de intensos debate, la UE aprobó de forma definitiva el pasado mayo el Pacto de Migración y Asilo, que se basa en el refuerzo de las fronteras exteriores y el endurecimiento de las condiciones de asilo. Las nuevas normas no entrarán en vigor hasta 2026, pero la mayoría de los Gobiernos comunitarios las consideran ya insuficientes para hacer frente a la presión migratoria y reclaman explorar otras "soluciones innovadoras". La más reciente es la creación de centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios.

Esta idea de los centros de deportación extracomunitarios ha sido planteada precisamente por la presidencia húngara de la UE y figura en la agenda de la reunión de ministros del Interior de los Veintisiete que se celebra este jueves en Luxemburgo. Los Gobiernos europeos buscan cómo acelerar las repatriaciones de los migrantes irregulares, una política que hasta ahora ha resultado fallida. Según Eurostat, en 2023 se ordenó la expulsión de 484.160 inmigrantes irregulares en toda la UE, pero sólo 91.465 (el 18,9% del total) regresaron de forma efectiva.

Unión Europea

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La reforma de la directiva de retorno es precisamente la única pieza pendiente del Pacto de Migración y Asilo. Los Gobiernos de los 27 alcanzaron un acuerdo en 2019, pero la Eurocámara todavía no ha definido su postura. Ahora la mayoría de Estados miembros quieren endurecer aún más la directiva porque consideran que ha habido un "cambio de paradigma". Y presionan a la nueva Comisión para que retire el texto que hay sobre la mesa y presente una nueva versión más firme. El futuro comisario de Inmigración será precisamente el austríaco Magnus Brunner.

Un total de 14 Estados miembros (Austria, Países Bajos, República Checa, Alemania, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Suecia y Eslovaquia, además de tres Estados del espacio Schengen: Noruega, Suiza y Liechtenstein) acaban de firmar una carta conjunta en la que detallan los cambios que quieren introducir en la directiva de retorno.

Entre ellos, la posibilidad de sancionar a los migrantes que no cooperen en su repatriación, así como más facilidades para expulsar de forma exprés a las personas que planteen una amenaza grave para la seguridad pública de los Estados miembros.

La mayoría de Gobiernos son además partidarios de castigar a los países de origen y tránsito que se nieguen a firmar acuerdos de repatriación con la UE y no acepten la devolución de sus nacionales. Y ello utilizando todas las palancas a disposición de Bruselas. Por un lado, haciendo más difícil la obtención de visados a los nacionales de países que no cooperen. Algo que ya se ha hecho para países como Gambia o Etiopía. Pero también retirando las preferencias comerciales o reduciéndoles la ayuda al desarrollo. Esta segunda opción lleva muchos años debatiéndose, pero nunca se ha puesto en práctica.

"La celebración y aplicación sistemática de acuerdos de readmisión con los principales países de origen sigue siendo un problema. El uso de los visados como palanca se ha reconocido como una herramienta importante que genera un cambio positivo en el comportamiento de los países terceros, pero su potencial podría ampliarse aún más. Además, es necesario completar la caja de herramientas, especialmente usando el comercio como palanca a través del nuevo reglamento del Sistema de Preferencias Generalizadas", señala el documento preparado por Hungría para el debate de los ministros.

Sin embargo, la gran novedad que plantea el Gobierno de Viktor Orbán es ampliar la definición de retorno, con el fin de permitir el envío de migrantes irregulares a otro tercer país que no sea el de origen ni el de trásito, por ejemplo en los Balcanes. Budapest sostiene que estos centros de deportación extracomunitarios ayudarían a aumentar la eficacia de las expulsiones en los casos en los que no haya cooperación del país de origen y tránsito y en los que el propio retornado no coopere.

Phil Noble Reuters

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"Si bien el Consejo aún no ha debatido los detalles específicos y las implicaciones jurídicas de dichas soluciones, muchas delegaciones destacaron el interés de explorar el concepto de centros de retorno en terceros países seguros", señala el documento de trabajo preparado por Budapest para la reunión de ministros del Interior. "Uno de sus principales beneficios de estos centros de retorno sería reducir el efecto llamada y por tanto bajar el número de salidas y embarques irregulares en viajes peligrosos. Esto, en consecuencia, debería aliviar la presión migratoria sobre la UE", añade.

Países como Alemania o Países Bajos están dispuestos a explorar esta idea de Hungría, aunque también insisten en que se necesitan muchas aclaraciones. Por un lado, hay dudas de que algún país extracomunitario esté dispuesto a albergar un campo de estas características. Hasta ahora, sólo Albania ha cerrado un acuerdo con el Gobierno italiano de Meloni para centros de procesamiento de solicitudes de asilo. Por otro lado, los Estados miembros quieren garantizar que esta iniciativa respeta el derecho internacional y los derechos humanos.

Entre los grandes países de la UE, España es el único que se ha distanciado claramente de este tipo de iniciativas. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que la prioridad ahora debe ser la puesta en práctica del Pacto de Migración y Asilo, cuyo acuerdo político se cerró bajo presidencia española. De hecho, el presidente ha defendido este miércoles en el Congreso adelantar un año, hasta 2025, la entrada en vigor del Pacto. 

De la reunión de ministros del Interior este jueves en Luxemburgo no se espera todavía ningún resultado concreto. Eso sí, los Gobiernos quieren aprovechar la ocasión para marcarle el camino al nuevo Ejecutivo comunitario con el fin de seguir endureciendo el control de las fronteras exteriores y la política migratoria de la UE.

La crisis migratoria figura también en la agenda de la cumbre de otoño de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que se celebra la semana que viene en Bruselas. "El Consejo Europeo pide una acción decidida a todos los niveles para aumentar y acelerar los retornos desde la Unión Europea", reza el borrador de conclusiones, que todavía puede cambiar y endurecerse en los próximos días.