El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en una reunión con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en Belgrado.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en una reunión con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en Belgrado. Marko Djurica Reuters

Europa

Polonia tiene un plan para combatir la superpoblación de sus cárceles: dar la libertad provisional a miles de presos

J. R. Pons
Publicada

El Gobierno polaco ha emprendido una nueva política que proyecta excarcelar a unos 20.000 presos mediante la concesión de libertades condicionales anticipadas, medida que ha provocado controversia y dudas legales. La viceministra de Justicia, Maria Ejchart, aseguró en una entrevista publicada ayer que su objetivo es reducir el número de presos en 20.000 internos, ya que "las cárceles polacas están superpobladas".

La prensa polaca informó además de que, desde que comenzó 2024 hasta el mes de septiembre, se concedieron unas 4.500 libertades condicionales anticipadas que serán más de 6.000 al final del año. La viceministra enfatizó que "las liberaciones están justificadas" legalmente en todos los casos, y defendió permitir que los reclusos que cumplan los requisitos continúen su resocialización fuera de prisión.

Varios partidos de la oposición, como el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que gobernó hasta diciembre del año pasado, han criticado estas medidas por considerarlas "peligrosas para la sociedad" y "causa de alarma social".

Según los datos del Servicio Penitenciario polaco, a finales de octubre de 2022 había más de 72.000 presos en Polonia, y en el mismo mes de 2023 la cifra superaba ya los 75.000. La ocupación de las unidades penitenciarias llegó a acercarse al 93% en mayo del año pasado, y tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como el Defensor del Pueblo han señalado recientemente la superpoblación en las cárceles polacas como un problema.

Por su parte, el Ministerio de Justicia polaco señaló ayer en un comunicado que "la superpoblación carcelaria es un problema que necesita ser abordado" cuanto antes. El profesor Paweł Moczydłowski, ex jefe del Servicio Penitenciario, que colaboró en el diseño del nuevo programa de reducción del número de reclusos, se refirió al mismo como "un proceso muy positivo que mejorará la seguridad y el Estado de Derecho en las prisiones" del país.


En su opinión, "dado que la población y el número de delitos están disminuyendo, la población carcelaria también debería disminuir", y en una entrevista publicada este miércoles criticó la presión política que, según él, impidió la liberación condicional de presos bajo el Gobierno anterior. 

A pesar de la reducción en el número de presos, Polonia sigue estando entre los países de la UE con mayor número de reclusos. Según datos del Consejo de Europa de 2022, las últimas publicadas, la tasa de encarcelamiento en Polonia ascendió un 6,1% en ese año y actualmente se calcula que, entre internos y arrestados en espera de juicio, puede haber unas 97.000 personas en las cárceles polacas.

En Polonia, la decisión sobre la libertad condicional la toma el tribunal penitenciario, teniendo en cuenta factores como la actitud del recluso, las circunstancias del delito y su comportamiento en prisión. El Ministerio de Justicia propone a los directores de las prisiones solicitar la libertad anticipada de los reclusos cuando consideren que su proceso de resocialización puede continuar fuera de la cárcel. 

Polonia, en cualquier caso, no es el único país europeo que busca soluciones para reducir la saturación de sus prisiones. En Reino Unido, por ejemplo, plantearon enviar a los cientos de reclusos polacos que tienen, precisamente, a su país de origen. Lo que sí hicieron es comenzar la excarcelación de hombres y mujeres condenados por delitos no violentos que hubiesen cumplido al menos el 40% de la pena. De esta manera pretendían mejorar el dato de 99% de ocupación que existe actualmente.

En Francia, el escenario es similar, el dato es casi idéntico, y están construyendo nuevas prisiones o reacondicionándolas, como Italia. En Suecia y Finlandia están experimentando con métodos de monitorización que no incluyan la reclusión. La situación es mejor en España, con una ocupación levemente superior al 70%.