Política industrial y competitividad sostenible: un decálogo mínimo

Se acercan las elecciones y en las próximas semanas se hablará frecuentemente de la necesidad de reindustrializar España; de la necesidad de revertir un proceso de desindustrialización que se ha acentuado con la crisis y que ha llevado a que el sector manufacturero tan sólo represente el 13% del PIB --3 puntos porcentuales menos que la media de la UE y alejado de los ratios de los países con quienes nos comparamos--. Ojalá me equivoque, pero lo más probable es que los argumentos se desarrollen sin demasiada concreción y se refieran genéricamente a la necesidad de una política industrial con pocas referencias al contexto económico en el que se desempeña la economía española. Pero, ¿cómo ha de ser la política industrial en el contexto de mercados de bienes y servicios crecientemente mundializados, cadenas de valor globales, aceleración tecnológica y austeridad fiscal? 

Este artículo argumenta que, contrariamente a la obsoleta política industrial de picking winners (elección de ganadores), consistente en la identificación de algunas actividades y empresas (que a su vez se asentaban en localizaciones particulares) con suficiente capacidad de arrastre a las que incentivar y canalizar apoyos públicos particularmente generosos (frecuentemente eran empresas públicas), aislándolas total o parcialmente de la competencia del mercado, dotándolas de infraestructuras, y creándolas un entorno legal preferente para permitir niveles de acumulación extraordinarios, el objeto de la política industrial en los momentos actuales es la mejora de la competitividad sostenible. Esta se basa en las mejora de la productividad de las empresas (privadas), que se asientan y/o generan valor añadido en España. Y todo ello en un contexto en el que se acepta e incluso se aboga por el funcionamiento eficiente y lo menos distorsionado posible de los mercados.

La competitividad sostenible, se aparta de la, llamémosle, competitividad “espuria”, que en la actualidad electoral se expresa triunfalistamente desde el entorno gubernamental. Los aceptablemente buenos datos del comportamiento reciente de la balanza comercial soslayan el efecto combinado de que una parte muy importante de la mejora de las exportaciones se ha debido a las extraordinarias condiciones monetarias generales, al abaratamiento sistemático de los salarios, el estancamiento de los beneficios y la reinversión empresarial, y la reducción de las prestaciones de bienestar; al tiempo que la moderación de las importaciones se debe en gran medida al propio estancamiento de la demanda nacional. En los años futuros, acompañando la incipiente recuperación, es muy probable que estas circunstancias no se den --o no se den con la misma bonanza- y la política industrial habrá de ser, fundamentalmente, una política de transformación competitiva de la estructura económica nacional. Ello requiere, en paralelo a una gestión prudente de las condiciones y equilibrios macroeconómicos, que propicie una senda de des-apalancamiento de la deuda, una especie de alquimia microeconómica e institucional, que habrá de combinar coherentemente el siguiente decálogo mínimo de consideraciones:

1.- Centralidad de la empresa y de la productividad. Excepto por las pocas empresas que operan en el mercado en condiciones más o menos monopolistas --ante las cuales, para defender los derechos de los consumidores y evitar la extracción de rentas desde los sectores competitivos y los ciudadanos al fijar precios extraordinariamente altos, es imprescindible el correcto funcionamiento de la CNMC-- los bienes y servicios que las empresas entregan al mercado plasman las ganancias de productividad tanto de la empresa individualmente como del conjunto de la economía.

2.- Las empresas se insertan en cadenas supra-territoriales de valor en las que, aguas arriba y abajo, mantienen relaciones de intercambio con otras empresas en función tanto de los costes unitarios de producción y logística, como de la calidad y confiabilidad del producto o servicio. La eficiencia y duración de esta relación depende de la capacidad de las empresas para adaptarse a las siempre cambiantes condiciones del mercado, así como de la diligencia para incorporar conocimiento e innovación en sus procesos productivos.

3.- Lo pequeño no es necesariamente hermoso, si es que no se crece suficiéntemente. Existe una relación positiva entre el tamaño de las empresas y su productividad. En el caso español, y exceptuando las pocas empresas nacionales líderes en los mercados internacionales (Inditex, Gestamp, Grifols, ACS, Telefónica, Bancos Santander y BBVA, etc), el tamaño promedio de las empresas es inferior al de sus competidoras directas. De igual modo, las empresas españolas son, trascurridos unos cuantos años desde su creación, de tamaño medio inferior a las creadas en otros países de nuestro entorno. Es por tanto preciso remover las barreras explícitas e implícitas, regulatorias, financieras, sociológicas y laborales que condicionan el crecimiento de las empresas, y prestar especial atención a la modernización de las empresas familiares.

4.- Negociación permanente. En una realidad administrativamente compleja como la española, es esencial definir estrategias coordinadas de carácter horizontal (entre los sectores privado y público) y vertical (entre administraciones de diferente nivel: local, regional, nacional y europeo). Al dejar de ser el sector público el agente único de la definición, financiación y ejecución de los programas e instrumentos de intervención, el éxito de la política de mejora de la competitividad dependerá de que los sectores público y privado se reconozcan en pie de igualdad como actores necesarios. A partir de allí, cuantos mayores sean los niveles de compromiso e involucramiento de los actores, mejores serán los resultados. Por otra parte, el carácter microeconómico de la política industrial, ahora basado en la incorporación de talento en los procesos productivos, no sólo recomienda sino que obliga a la coordinación entre las diferentes instancias administrativas relevantes: administración nacional y gobiernos autonómicos y locales. Independientemente de la complejidad institucional, que debiera simplificarse (pero que a corto plazo es un dato), es en interés de todos propiciar la mayor y más eficiente co-ordinación y co-operación en sus intervenciones. A fin de cuentas, las empresas, especialmente las PyMEs, se nutren de las pulsiones de innovación que se generan y distribuyen a través de un ecosistema --por naturaleza territorial, aunque necesariamente imbricado con la economía global-- de instituciones públicas y regulaciones, infraestructuras, empresas, clústeres, centros de formación e institutos tecnológicos, universidades, instituciones de la sociedad civil, sistema financiero y financiación alternativa (fondos de capital inversión y semilla, crowdfunding, business angels, etc.)

5.- Transformación productiva y diversificación inteligente. La especialización manufacturera española, con la salvedad de las ya referidas empresas multinacionales líderes, se concentra en demasía en sectores de insuficiente valor añadido relativo. A futuro es importante la diversificación de la estructura productiva hacia segmentos de la cadena de valor y nuevos productos de mayor valor añadido unitario. La UE propone “estrategias de diversificación/especialización inteligente”, a través de lo que se ha venido a llamar “contigüidad relacionada”. Más allá del argot comunitario, ello significa que los países y regiones debieran seguir itinerarios de transformación sectorial hacia actividades y segmentos productivos para los cuales, partiendo de la vocación productiva revelada en ese territorio, las barreras de acceso a nuevos rubros de actividad son superables a través de la incorporación estratégica de conocimiento e innovación.

6.- Empujar la frontera del conocimiento y absorber el conocimiento de frontera. El fomento del conocimiento y la innovación, sobre quienes bascula la mejora de la competitividad sostenible, es una historia sin fin que debiera estar relativamente aislada del ciclo económico y político. En cualquier caso, la sociedad debe ser capaz de encontrar un equilibrio apropiado entre la I+D de excelencia sobre líneas de investigación cuyo objetivo es empujar la frontera del conocimiento, y la i, cuyo objeto es la absorción del conocimiento de frontera para su incorporación en los procesos productivos.

7.- Universidad y Formación Profesional. En este último empeño de propiciar la absorción del conocimiento de frontera es esencial fortalecer la formación universitaria y revalorizar social y metodológicamente la formación profesional. Ambas son elementos centrales del ecosistema de competitividad del territorio, y en ambos casos, salvaguardando siempre el rigor y la adquisición de competencias horizontales (idiomas, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, etc.), es necesaria la colaboración estrecha con los sectores productivos, clústeres, parques tecnológicos, etc., incrementando la formación aplicada y fomentando metodologías de formación dual. Es necesario que las instituciones de formación se involucren en el fomento del emprendimiento a través de la incubación y coaching de ideas y proyectos, y rescatar, aunque sea con carácter piloto, las experiencias exitosas de centros de formación profesional que operan localmente como incubadoras de emprendimiento y proveedores de asistencia técnica en el entorno local.

8.- La política industrial es también una política de servicios, y en especial una política de fomento de los servicios avanzados a la producción. Consultoría, transporte y logística, finanzas, diseño, ingeniería, sanidad, educación, informática y sistemas, ciencia y tecnología, etc. son actividades intensivas en conocimiento y esenciales per-se y como insumos de conocimiento en la manufactura. De igual modo, otros rubros del sector servicios a-priori menos intensivos en conocimiento (hostelería, turismo, atención social, etc.) e importantes generadores de empleo, están mostrando una trayectoria de incorporación de innovación muy relevante que les podría hacer muy competitivos.

9.- Instrumentos de demanda. Es necesario huir del riesgo de que las políticas de mejora de la competitividad se plasmen, como es común en las políticas públicas, en instrumentos de oferta (subvenciones más o menos automáticas, infraestructuras, gasto, etc.) sin que los teóricos beneficiarios de las mismas asuman ningún riego del eventual fracaso. Los instrumentos de intervención tienen que huir de la estandarización, y han de implicar financiera y reputacionalmente a los actores relevantes.

10.- Evaluación. Los mecanismos de transmisión de las políticas microeconómicos son, en gran medida, sociales e institucionales de difícil modelización. Es por tanto necesario incorporar, desde el diseño de las intervenciones, instrumentos de evaluación permanente del uso, efectividad y eficiencia de los recursos para realimentar la propia implantación de las políticas y aportar conocimiento relevante para el ajuste de los instrumentos y el diseño en el futuro de nuevas políticas.

**José Luis Curbelo es catedrático de Economía y Decano de la Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela, Madrid