Carta abierta al ministro de Justicia entrante

Excelentísimo señor ministro de Justicia del Gobierno de España:

Mi nombre es Juan Gonzalo Ospina, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Madrid. El motivo de esta carta es poder transmitirle la preocupación y frustración que nuestro colectivo, la abogacía joven, sufre en la actualidad por el vigente ordenamiento jurídico. Por un lado, vulnera los Derechos Fundamentales recogidos en nuestra Constitución, lo que produce desafección hacia nuestro sistema; por otro lado tenemos leyes que no se adecuan a la realidad social, produciendo desigualdad, lo que deriva en desempleo e inseguridad jurídica.

Señor ministro, en España por desgracia existen inocentes en prisión. ¿Por qué? No por la falta de criterio o rigurosidad de nuestros jueces, fiscales o abogados, sino por la estructura del sistema procesal penal. Este sistema limita el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías en tanto que la práctica de la prueba es una decisión casi arbitraria del Juez Instructor; en muchos casos es denegada, cuando podría ser la prueba que demostrase la inocencia del acusado. Necesitamos avanzar hacia un sistema en el que los abogados, al igual que el Ministerio Público, podamos no sólo solicitar, sino realizar y acordar la práctica de la prueba. ¿Tenemos un sistema verdaderamente justo cuando la práctica de la prueba se encuentra limitada y no queda relacionada a la verdadera necesidad de las partes?

Otro gran problema de nuestra estructura procesal penal es la figura del juez unipersonal. ¿Puede un individuo más allá de su integridad moral poder juzgar sin prejuicios? Señor ministro, España debería abrir el profundo debate de la justicia penal. ¿Es realmente un individuo –juez– la balanza más equilibrada para construir la verdad de lo ocurrido, los hechos, y además construir su calificación jurídica? ¿No sería más apropiado tener un ente que construya los hechos en base a las pruebas practicadas y posteriormente otro que otorgue la calificación jurídica (como en el caso del jurado)?

No podemos olvidar la terrible politización de nuestros tribunales

En su defecto, ¿no se dotaría de una mayor seguridad jurídica si nuestros tribunales estuvieran siempre conformados con tres o cinco magistrados? Y todo ello sin entrar a valorar las simpatías, empatías o antipatías, que puede desarrollar un juez unipersonal con un Ministerio Fiscal con el que lleva despachando durante toda una mañana. ¿No habría mayor objetividad racional para corregir los afectos emocionales?

No podemos olvidar la terrible politización de nuestros tribunales. Es cierto que el juez no juzga al delincuente por el color de su carnet político, pero el problema no está en nosotros sino en ustedes. ¿Quién controlará al poder si es este mismo el que nombra a los jueces que les juzgarán? Nuestra sociedad, pero sobre todo nuestra judicatura, no es merecedora de tener que afiliarse a una asociación judicial afín a un grupo político para poder progresar. El problema radica en que el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros ustedes nombran libremente, es el encargado de decidir los ascensos (entre ellos al Tribunal Supremo) intoxicando así la división de poderes de Montesquieu. ¿No cree que la sociedad española es merecedora de una democracia de calidad?

La preparación universitaria de los jóvenes juristas no está conectada con la realidad

Por último, no puedo olvidarme del desempleo juvenil de mi profesión. El paro es un problema para los nuevos juristas, no como un resultado de la ley de la oferta y la demanda del mercado, sino como una mala preparación universitaria no conectada con la realidad. Nuestras universidades están sacando licenciados en Derecho pero no abogados. ¿Por qué no abrimos el debate para tener una universidad y una enseñanza conectada con la realidad de la profesión para que el emprendimiento pueda con el paro? Y así fortalecer la dignidad de nuestra labor.

Señor ministro, le remitimos esta carta, no con un halo de tristeza sino de ilusión y de esperanza en esta nueva etapa política que se abre en España no sean sólo los intereses partidistas los que gobiernen, sino la virtud con nosotros, la abogacía joven como aliado, en búsqueda del bien común. Por ello, le invitamos a reflexionar sobre estos asuntos y nos ponemos a su disposición para aportar nuestro trabajo en pro de la mejora de nuestro sistema y por ende de nuestra sociedad.

***Juan Gonzalo Ospina Serrano es abogado y presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid

***Ilustración: Cinta Arribas