Comisiones de investigación, al fin

Las comisiones de investigación son una pieza clave en los países avanzados, una herramienta fundamental que garantiza la separación y el equilibrio entre poderes, es decir, el juego de contrapesos democráticos que ahora está tan de moda llamar check and balances. Nuestra Constitución las ampara y las dota de gran amplitud sobre sus normas de funcionamiento, si hay acuerdo y voluntad política. Su razón de ser es doble: investigar unos hechos desde el punto de vista político -no penal- y canalizar la rendición de cuentas.

En una democracia madura como Alemania se defiende su creación para que el derecho de la oposición a ejercer el control parlamentario no sea cercenado por la mayoría que gobierna. España carece de doctrina suficiente, pero esta falta de tradición no debe ser utilizada para que quienes permanecen anclados en mayorías absolutas que ya no tienen traten de confundir a la opinión pública lanzando palabras muy gruesas y sin fundamento en contra de esta herramienta.

Que las últimas comisiones de investigación se centren en la corrupción es consecuencia de que algo ha fallado en el modo de ejercer el poder en España: se han desnaturalizado y relajado los controles hasta llevarnos primero a la impunidad y luego a la corrupción sistémica.

La Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid no ha sido la primera comisión de investigación en el parlamento regional y es de esperar no sea la última en una democracia sana. Los que iniciamos los trabajos sabemos lo arduo que fue redactar las normas, establecer los límites para que fuese operativa y aterrizar un Plan de Trabajo Semestral revisable que nos permite seleccionar los temas más representativos de entre un aluvión de casos que no cesa. Muchos de estos se materializan, además, en sumarios elefantiásicos que crecen a medida que las investigaciones judiciales avanzan.

Un año y 8 meses, el tiempo efectivo de las sesiones celebradas hasta hoy, es un suspiro ante la tarea de abordar un tema cada dos meses, de media. Algunos casos como el de la empresa pública Arpegio o el del Canal de Isabel II son tremendamente complejos y exigen tiempo extra. Este fue el motivo que llevó a los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, a prorrogar la comisión hasta finales de 2018.

Y, sin embargo, tras meses de participación y trabajo activo, los de Cristina Cifuentes han decidido abandonar este foro con los mismos argumentos con los que intentaron bloquearla desde el inicio.

Saben que no hay causa general y que no se está alargando la duración de forma artificial, como así ratifica un extenso informe jurídico de la propia Asamblea de Madrid. Saben que disfrutan del mismo tiempo de intervención que otros grupos. Saben, porque lo han hecho, que los circos mediáticos son los paseíllos de honor con aplauso al compareciente, intentar leer media página de Juego de Tronos durante la sesión, pretender colapsar la sala de comparecencias llenándolas de amigos, dar un portazo abandonando la reunión de portavoces o interrumpir a otros grupos.

Saben que no son los únicos llamados al orden cuando la sesión se tensa, pero también saben que acumulan demasiadas llamadas al orden. Saben que no hay insultos porque ni siquiera han sido capaces de señalar un caso.

Saben que hay comparecientes agradecidos porque se les ha dado espacio para explicarse. Saben que el Gobierno está obligado a facilitar información pública como las actas del Canal de Isabel de II, que todavía hoy se niegan a entregar, y que no pueden seguir escudándose en la acción de la Justicia, porque aquí, lo que se dirime, son las posibles responsabilidades políticas.

Saben, en definitiva, que recurrir a la confusión, al ataque personal o a llamar ‘tontos útiles’ a la oposición deja en cartón piedra su eslogan de “tolerancia cero contra la corrupción”.

Pero el abandono del PP ni siquiera tiene consecuencias: la comisión sigue legitimada con todas sus garantías y tiene la representación suficiente para seguir trabajando. Está previsto que las sesiones públicas finalicen en julio de 2018. El resto del tiempo se dedicará a la redacción de las conclusiones y a la aprobación del dictamen final.

Los madrileños y el resto de ciudadanos españoles son demócratas adultos cada vez más exigentes. Queremos parecernos a los mejores, no enredarnos en infinitas Tangentpoli, el proceso judicial por corrupción que llevó ante la justicia a miles de políticos y empresarios italianos en los años 90.

Las comisiones de investigación pueden y deben convivir con los tribunales de Justicia, porque su naturaleza es otra: dirimir responsabilidades políticas por actos no necesariamente delictivos, pero que perjudican a las instituciones, deterioran lo público y son el origen de la desafección que aleja a un país del progreso y lo entierra bajo una maraña de, hasta hace poco, intocables redes clientelares.

Las comisiones de investigación no son tribunales de la Santa Inquisición, como añorarían los que siguen anclados en el pasado, pero tampoco son ejercicios de melancolía. La necesaria rendición de cuentas políticas al fin es un hecho. Las dimisiones y ceses en la Comunidad de Madrid han sido abundantes y significativas, pero aún no hemos concluido nuestro trabajo.

El PP decía que podía regenerarse a sí mismo, ¿pero puede hacerlo o está colapsando en sus luchas intestinas? Son conservadores del poder con poder, otra oportunidad perdida.

*** Dolores González Pastor es presidenta de la Comisión de Investigación por Corrupción Política, portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos Cs.