De todo hay, cierto. Sé que los arquetipos suelen ser peligrosos y más ahora que es tiempo de trincheras. Pero los hay que se cumplen casi sin matices por más que parezcan pura parodia. Por ejemplo si hablamos de derechas e izquierdas. Ahí me atrevo a decir que hay dos patrones de comportamiento que se cumplen inexorablemente.

El primero de ellos es que cuando la derecha se manifiesta –no importa cuál sea el motivo–, no deja a su paso ni un papel en el suelo. Sin embargo, cuando lo hace la izquierda, un papel, una lata de cerveza o una botella de agua tirados sobre el pavimento o rebosando una papelera, es la más inocua de las opciones. Lo normal es el destrozo del mobiliario urbano y si la ocasión lo requiere –por suerte, pocas veces– el saqueo.

La segunda afirmación es que para alguien de derechas, un político de derechas que es imputado (investigado) es culpable hasta que se demuestre lo contrario en sede judicial. Y puede que ni entonces.

Para un votante de izquierdas, en cambio, un político de izquierdas es inocente incluso si se demuestra sin la menor sombra de duda, que es culpable. En ese caso, es probable que niegue la evidencia, justifique los hechos o afirme que todos los políticos son iguales, sin importar si son de derechas o de izquierdas (técnica de la tinta de calamar cuando ya no le queda justificación alguna).

Y no, no lo digo a humo de paja, ni me dejo llevar por la parcialidad. Sé de lo que hablo.

En noviembre hará cuatro años de la muerte de Rita Barberá. Ese mismo día había declarado ante el Supremo y dos meses antes el PP la había expulsado de la formación. Coincidí con ella un par de meses en el Senado. La alcaldesa invicta ya no era alguien con quien hacerse fotos ni a quien uno se preciase de conocer. La sombra de la duda planeaba sobre ella y el “por si acaso” pesaba más, a veces, que la más mínima humanidad.

No fueron muchos los que estuvieron a su lado. Menos aun cuando se negó a abandonar su escaño. No importa el coro de plañideras que se formase después, lo cierto y verdad es que murió repudiada por su partido.

Sólo en la Comunidad Valenciana casi doscientas personas del PP o encausadas en procedimientos relacionados con este partido han sido desimputadas o absueltas. Sesenta y nueve casos han quedado en nada.

¿Se acuerdan del Palma Arena? El 6 de enero de este año, doce años después, el archivo de la pieza principal por falta de delitos en la misma, ponía fin a esta causa.

Podría añadir el caso Bankia y la absolución de los acusados que como Rato o Acebes formaban parte del PP. En su caso, como en la de los anteriores, la postura del PP fue siempre la manifestación –al menos de puertas para afuera– del respeto a las decisiones judiciales y la muerte política de los investigados.

Vayamos a la izquierda. Pasemos de largo por la indiferencia del PSOE ante el mayor caso de corrupción que se ha producido en España, tanta como para que tres de los ministros de la cuota socialista del Gobierno hayan sido cargos de la Junta de Andalucía y por tanto, de la muñidora del caso, sin que llame la atención. Porque ciertamente no es lo peor.

El partido Podemos está imputado, a Pablo Iglesias le separa de esa situación su condición de aforado y ¿cuál es su respuesta? Primero, el acoso al juez instructor, su jactancia de que al Supremo jamás se le ocurrirá imputarle y su campaña de desprestigio hacia todos los jueces a los que no cree afines. Y ahora, el golpe definitivo: el asalto al Poder Judicial mediante una reforma exprés del CGPJ para convertirlo en un instrumento del Ejecutivo –en el que tanto él como Pedro Sánchez presumen que estarán eternamente–.

A partir de ahí no habrá delito, negligencia o exceso que no puedan cometer –o puedan haber cometido– que no quede impune, con la tranquilidad que da que el juez designado por el CGPJ les vaya a ser favorable. Y si además hay que cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, se cambia.

Bienvenidos a la República Bolivariana (y federal) de España.