Ministra de Hacienda respondiendo a los medios acerca de la seguridad nacional. Vestida de flamenca. España, mayo de 2022. Esto ya no da más de sí. Me refiero a la legislatura. El Manual de resistencia de Pedro Sánchez no puede ser el de todo un país.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Feria de Abril. EFE
Su lucha por la supervivencia no debiera ser la nuestra. Si él está dispuesto a seguir boqueando como una carpa en un estanque sin agua cada vez que tiene que aprobar algo en las Cortes, no puede condenar al resto de España a hacer lo mismo.
Sus problemas no pueden ser los nuestros. Porque si cae del alambre por el que transita como un funambulista loco, caemos todos. Y no estoy segura de que haya red. De hecho, si la hubo, se ha encargado de abrirle tales boquetes que lo mismo da.
Con la excepción de los siniestros bilduetarras, incluso a sus socios, tan proclives ellos a horadar los cimientos del Estado, la situación les está pareciendo un exceso. Como si ganar una y otra vez al "Estado español" hubiese dejado de tener gracia. Como si ni siquiera ellos hubiesen pensado llegar tan lejos.
O como si la descomposición de las instituciones nacionales se pareciese ya demasiado a las de Cataluña. Lo que para ellos, que saben bien lo que significa semejante guirigay, no es en absoluto bueno.
Porque ellos cuentan con que están ahí para romper las reglas y para que el Estado no lo haga. Pero el juego se ha convertido en simétrico. El Gobierno de la Nación tampoco las cumple, ellos mienten y amenazan a Pedro Sánchez y este les engaña a ellos porque sabe que comparten la misma certeza: si él cae, caen todos con él.
Y en este camino triunfante hacia el sumidero llega el asunto del espionaje y el Gobierno lo resuelve como si quien toma las decisiones fuese el guionista de una película de las de fin de semana a la hora de la siesta, pero sin final feliz. Por resumir: el que en el primer minuto parece un psicópata, acaba siendo y comportándose como un psicópata. Los giros argumentales, los sospechosos inciertos y los sustos de plano corto no engañan al espectador.
Si alguien se levanta contra el Estado y pone en peligro la unidad territorial de la Nación, el Estado debe protegerse. Si esa protección implica espiar a los cabecillas de ese levantamiento (declaración de independencia, intento de tomar el aeropuerto, corte de los accesos a las principales ciudades, nueve días haciendo arder las calles de Barcelona), y ese espionaje tiene aval judicial, se les espía. Todo lo que haga falta. Porque de lo que se trata es de protegerse.
Si del espionaje se deriva una información que implica la intención de insistir en ese ataque al Estado, se toman medidas contra ellos.
Y si de los datos obtenidos se infiere que cuentan con la ayuda de una potencia extranjera, la actuación debe ser urgente y contundente. No hacerlo implica traición. Pactar con ellos como socios preferentes supone ser partícipe de esa traición. Incluir a sus dirigentes entre las personas que pueden acceder a la Comisión de Secretos Oficiales es suicida, estúpido e irresponsable. O quizás algo más grave.
Pretender que Gabriel Rufián respete la única obligación que se deriva de formar parte de esa comisión y que no dé una rueda de prensa después para revelar todo o parte de lo que en ella se ha contado (por mucho que sea delito), entra también en la categoría de la estupidez.
Que la Audiencia Nacional declare secreta la investigación por la revelación de secretos, justo después de que Rufián cuente el contenido de esa comisión, ¿es una broma?
Que no se conteste a la oposición sobre el número de veces que Pedro Sánchez ha viajado en el Falcon o sobre quiénes fueron las personas que le acompañaron cuando se trasladó a París, por tratarse de "información sensible", y que en cambio se revele que el presidente del Gobierno y su ministra de Defensa han sido espiados por potencias extranjeras (o vaya usted a saber por quién), aunque a las puertas de una cumbre de la OTAN eso implique reconocer una importante grieta en la seguridad nacional, ¿cómo lo calificamos?
Y todo eso mientras tiene lugar una brutal guerra en la que el agresor tiene vínculos fuera de toda duda con los espiados y, a la vez, socios del Gobierno. Y fíjense si les importa poco que se sepa que, por quedarnos con lo último, al bloguero prorruso Anatoly Sharí, detenido en Tarragona, le defiende Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont.
Y todo eso cuando el Gobierno cambia sin consultar la política mantenida durante décadas respecto al Sáhara en beneficio del Gobierno de una nación que, además de amenazar la soberanía de parte del territorio español, es más que posible que sea quien ha espiado (como mínimo) a Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa.
Sé que es difícil que Pedro Sánchez dé por finalizada la legislatura antes de tiempo. Sé también que sus socios (empezando por Podemos) son los primeros interesados en que no lo haga. Pero sobrevivir hasta diciembre de 2023 en estas condiciones no hay país que lo aguante.
