1 de febrero. Detenido un turista surcoreano por una agresión sexual a una embarazada en un albergue de Palma.
2 de febrero. Detenido un padre por drogar a su hija, violarla y grabar la escena en una finca de Mallorca.
Escribo esta columna el 3 de febrero en Palma de Mallorca. No me consta que se haya presentado hoy otra denuncia. Pero quedan bastantes horas para dar el día por acabado.
Tres días de febrero, dos denuncias por agresión sexual. Sólo en Mallorca.
Y por cierto. Aunque siempre va por delante la presunción de inocencia del acusado, las pruebas son bastante abrumadoras en ambos casos.
Al leer estas noticias me he preguntado cuál sería la pena aplicable en ambos casos, en el supuesto de que los denunciados sean finalmente condenados.
Todo va a depender de en qué momento se modifique la ley del 'sí es sí'. Y ese momento no dependerá de los efectos indeseados de dicha ley, sino de los cálculos políticos de unas personas a las que esos efectos se la traen al pairo.
Es decir, que de ser declarados culpables, su condena será mayor o menor en función de si pesa más el fanatismo de Irene Montero y de los suyos o la supervivencia política de un PSOE que en mayo va a elecciones lastrado por un tema que a la gente (mire usted por dónde) sí le importa.
Han pasado cuatro meses y más de 400 rebajas de condena o excarcelaciones de agresores sexuales. Todos los que están en la cárcel se hallan en posición de pedir una pena menor. Así que respecto a los que ya son reos, nada que hacer.
Pero ¿qué ocurre con los que aún no lo son? La puesta en marcha de la ley obviamente no ha tenido ningún efecto en la voluntad de los nuevos agresores sexuales, ni tampoco lo tendrá en los reincidentes (que los habrá).
El debate sobre si la ley debe modificarse o dejarse como está no ha implicado poner en pausa las agresiones sexuales presentes. Tampoco las futuras. En absoluto.
Cada día que pasa es un día perdido. Y eso es algo que no es que no entiendan en el PSOE o en Podemos, es que les da igual.
[El PSOE llevará una iniciativa al Congreso para "corregir" las penas de la ley del 'sólo sí es sí']
En el orden de prioridades de Irene Montero no está la menor violada por su padre, ni la mujer embarazada agredida por el turista en Palma. Como dijo su secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, la agresión ya se ha producido y, ¡total!, qué más da que el agresor cumpla más o menos años de cárcel.
Pero tampoco está entre lo que inquieta a Pedro Sánchez y al PSOE. La mejor prueba son las declaraciones de la que fue su vicepresidenta, Carmen Calvo, reconociendo que tanto ella como el titular de Justicia (sí, Juan Carlos Campo, el que ahora está en el Constitucional) sabían cuáles iban a ser las consecuencias de la ley. Pero pusieron por delante la estabilidad del pacto de Gobierno.
No sé qué me repugna más, si el empeño cerril de Irene Montero o el cinismo de Carmen Calvo. En cualquier caso, ahora ya nadie puede alegar ignorancia. Si acaso, mala fe.