Partimos de un hecho, un Faktum, que decía Kant, indiscutible. La única lengua que es común a toda España, y oficial en todas sus partes (regionales, provinciales, locales), es el español. Las lenguas regionales no son lenguas comunes ni cooficiales en la totalidad de nuestro país.
El español, por esta condición de ser la única lengua propia de todos los españoles (con la que estos se entienden o se pueden entender), debiera ser la única de uso común en las Cortes, al ser las cámaras (Congreso y Senado) los órganos representativos de la nación española entera, y no de una parte suya.
Es importante también subrayar el hecho, político-institucional, de que cada diputado nacional representa a España. A la nación española en su integridad y no a una parte regional o provincial suya. De tal manera que en la única lengua en la que un diputado se puede hacer entender, y que sus palabras puedan resonar en toda la nación, es en español. Si lo hace en una lengua regional, está dejando fuera al resto.
Porque la lengua, es verdad, no solamente sirve para unir a los hombres, sino también para separarlos. Esta, y no otra, es la razón por la que el separatismo reivindica el uso de la lengua regional para sacar adelante sus fines y restringir, o incluso impedir en algunos casos, el uso de la lengua común.
Se trata, desde su programa separatista, de obstaculizar las funciones aglutinantes del uso del español, cohesivas para la sociedad española. De promover el uso, en determinadas regiones, de una lengua que no sea entendida por los demás españoles. Y una vez atrincherados en ella, a través del revestimiento legal estatutario, aislarse de los demás españoles y considerarlos extranjeros en su propio país.
Se trata, en fin, de dinamitar todo lo que de común pueda haber entre españoles, siendo la falta de entendimiento lingüístico el modo más efectivo, por expeditivo, de romper el tejido social español. Es la babelización como antesala de la fragmentación.
La excusa es el esquema invasivo castellanista como modo de explicación "histórica" de la entrada del español en esas regiones. El castellano, se dice, ha suplantado un uso normal de la lengua "propia" regional (el gallego, el euskera, el catalán) a golpe de decretazo e imposición política, y ahora toca reconducir la situación para volver a la "normalidad" de un uso exclusivo de la lengua regional.
Hay, pues, que compensar la "anormalidad" invasiva castellana sobre estas regiones y obstaculizar el uso del español en ellas para, de este modo, recobrar la verdadera "identidad nacional", desvirtuada por el abuso castellano.
Este esquema, por el que se considera al español como una lengua invasiva, ha cristalizado en el ordenamiento jurídico. Es el que inspira las leyes de normalización lingüística vigentes, sin importar las pruebas que se hayan dado para mostrar su falsedad (el último libro que niega el esquema invasivo es el de Ángel López García-Molins, Repensar España desde sus lenguas, El Viejo Topo, 2022).
Una obstaculización del uso del español cuyo objetivo último, respaldado con la justificación del esquema invasivo, es la completa erradicación del español en esas regiones. Primero, en los organismos oficiales autonómicos y municipales (desde la escuela a la Administración, pasando por la señalización del tráfico, topónimos, onomástica). Para, a continuación, conseguir su eliminación de cualquier ámbito social (empresarial, mercantil, sanitario, cultural, escolar, etcétera).
La afirmación del plurilingüismo cooficial en España y su anunciado uso en el Congreso de los Diputados para esta legislatura busca la babelización de los españoles como antesala para su separación política.
Una escenificación, la de la España de Babel, que es la nueva concesión del PSOE y de Sumar al chantaje separatista. Todo ello para conservar el plato de lentejas de la formación de un nuevo gobierno. Y es que el PSOE, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, prefiere gobernar sobre taifas, cediendo ante el separatismo, que no gobernar. Prefiere un gobierno de la nada que el no gobierno.