El próximo 15 de septiembre se cumple el plazo para que Carles Puigdemont presente recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la sentencia del Tribunal General (TGUE) que ratificaba la resolución del Parlamento Europeo que levantó su inmunidad como eurodiputado.
El pasado 5 de julio, el TGUE dijo en esencia dos cosas.
Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, entre Jaume Asens y Toni Comín, en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas.
La primera, que los hechos por los que el juez Pablo Llarena lo ha procesado en España fueron anteriores a las elecciones europeas de 2019 y que, por tanto, en nada son conexas con su ejercicio del cargo de europarlamentario.
Y la segunda, que todo esto abunda en la posición fijada por el abogado general de la UE. Es decir, que la toma de posesión de Puigdemont como europarlamentario fue "fraudulenta". O sea, que nunca fue legal, ya que las elecciones europeas se celebran rigiéndose por las leyes electorales de cada Estado miembro, y en España la LOREG exige que el proclamado recoja personalmente la acreditación ante la Junta Electoral.
Y que, de paso, jure o prometa acatar la Constitución.
La anterior presidencia del Europarlamento se saltó las leyes, asume la Justicia de la UE. Pero como eso son "derechos ya adquiridos", Puigdemont tomó ventaja. Con trampas, sí... y ayudado por los socialistas, no lo olvidemos, a cuyo grupo pertenecía Sassoli, el presidente que tiró por la calle de en medio.
El Gobierno Sánchez lo permitió todo por aquello del "reencuentro". Nos saltamos la ley, nuestra ley, con la pértiga de Bruselas.
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Por otro lado, lo de asumir el compromiso con la Carta Magna ya nos lo hemos cargado en España desde el momento en que el propio Tribunal Constitucional dio por buenas las juras y promesas creativas (y ahora, ya hemos visto, en otras lenguas que serán oficiales en todo el Estado por necesidades del guion).
Además, el expresident fugado no recogió la acreditación por eso mismo: porque su nombre es "expresident" y su apellido, "fugado". Puigdemont no puede pisar suelo español sin que se le pongan las esposas, se le lean los derechos, se le lleve al calabozo, se informe al juez, se le traslade a Madrid y se le someta a juicio ante el Tribunal Supremo por malversación y desobediencia.
Porque, para rematar, lo de la sedición ya nos lo cargamos también, recordémoslo. Y con la corrupción de los dineros públicos para el golpe, lo intentamos. Pero salió rana.
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Por eso, visitar al expresident fugado es un ataque directo contra el Estado de derecho. Y hacerlo en la sede de la soberanía de todos los europeos es, además, la constatación de que el Estado se está terminando de autoimpugnar ante sus socios de la UE.
¿Cómo vamos a defender nuestras leyes si las incumplimos (LOREG), las borramos (sedición) y las corregimos (malversación)?
¿Cómo vamos a litigar contra el prófugo si lo legitimamos?
¿Cómo podrá defender la Abogacía del Estado al Estado ante el TJUE si el Gobierno se reúne con Puigdemont en el suelo sagrado de la democracia comunitaria, si nuestros hechos contradicen nuestros dichos?
En Bruselas, nuestros socios se preguntan con razón "qué está pasando en España". Alguien debe contarles que no son contradicciones ni engaños, sino "cambios de opinión". Y que, después de cinco años así, ahora vienen los dos huevos duros de los hermanos Marx: la "desjudicialización por todos los medios posibles" y, por qué no, el "reconocimiento del derecho de autodeterminación".
La amnistía ya está en vigor. Porque, sabiendo todo esto, el 23-J fuimos a votar. Y ahí se la concedimos a Sánchez todos los españoles.
