El 38% de los mayores de edad españoles ya dependen del BOE.
En España vivimos 48,3 millones de personas, de los cuales 39,3 millones somos mayores de edad. De estos, 15 millones reciben algún tipo de renta del Estado, lo que implica un gasto público mensual de más de 28.000 millones de euros, 336.000 anuales. Esta cifra representa el 23% del PIB de la economía española.
Si nos fijamos únicamente en la población mayor de edad, el 38% de los mayores de 18 años obtiene sus ingresos del sector público, ya sea a través de pensiones, subsidios o salarios públicos. Al considerar el conjunto de la población, un tercio de los españoles vive del Estado.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Europa Press
Curiosamente (o no tanto) la sociedad española se ha convertido, en gran medida, en dependiente. Dependiente de lo que dicte el BOE, que actualmente controla el Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta dependencia puede traducirse en una notable fidelidad electoral nada desdeñable. Y la oposición, que aún no ha presentado un programa de Gobierno claro, haría bien en buscar un mensaje alternativo a "derogar el sanchismo", ya que muchos electores viven de él.
El grupo de perceptores de rentas públicas incluye a pensionistas, empleados públicos y personas desempleadas. Los 9,12 millones de pensionistas representan el grupo más grande, con un coste mensual superior a los 12.000 millones de euros en la última estimación, lo que suma 144.000 millones de euros anuales. A estos se añaden los 692.000 pensionistas de clases pasivas.
En cuanto a los 3,53 millones de empleados públicos, su coste anual es de aproximadamente 170.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% desde el estallido de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 en 2020.
Además, el 50% del empleo creado desde la pandemia ha sido en el sector público, consolidando una tendencia en la que el Estado se ha convertido en el principal nuevo empleador del país. Esta preponderancia del empleo público sobre el privado refleja una economía cada vez más dependiente del Estado, lo que compromete la sostenibilidad económica a largo plazo y dificulta la equidad intergeneracional.
O, lo que es lo mismo, se lo pone difícil a los jóvenes.
La situación descrita se financia, como no puede ser de otra manera, con una subida de impuestos y un incremento del endeudamiento público. En términos fiscales, la Agencia Tributaria recaudó un 12% más con respecto a 2022 y cerca de un 36% más sobre 2020, un récord de 122.000 millones de euros. Esto se debe en gran parte al efecto de la inflación, más que al propio crecimiento de la actividad económica privada.
En cuanto a la deuda, España ha alcanzado un nivel histórico de 1,61 billones de euros, lo que equivale al 109% del PIB. La combinación de estos factores no sólo erosiona el presente, con una mayor carga fiscal sobre los contribuyentes actuales, sino también el futuro, al comprometer a las generaciones venideras a pagar esta deuda.
La tendencia actual hacia una economía dominada por el sector público es insostenible. La mayor parte del gasto público se destina a pagar pensiones, salarios públicos y subsidios, dejando poco margen para la inversión productiva que genere riqueza y empleo en el sector privado.
Si no se lleva a cabo una reforma estructural profunda, España se encamina hacia un futuro en el que la carga fiscal será cada vez mayor, y la capacidad del país para generar crecimiento económico real, cada vez menor.
Es crucial entender que estas tendencias, lejos de ser alarmistas, son un reflejo de la realidad económica. Una sociedad cada vez más dependiente del Estado es una sociedad menos productiva, incapaz de generar oportunidades y riqueza en el sector privado.
La consecuencia de no actuar ahora será una economía más endeudada y una sociedad desincentivada para prosperar, como le sucedió a Argentina con el peronismo. Y, en el ámbito político, una sociedad con mentalidad más de súbditos del poder político que de ciudadanos libres.