Una semana de insinuaciones, declaraciones, desmentidos y filtraciones sobre la negociación secreta entre el Gobierno y la Generalitat es demasiado ajetreo como para evitar que la 'operación Diálogo' descarrile antes incluso de rebasar el primer andén hacia un acuerdo improbable.
La revelación interesada del almuerzo de Carles Puigdemont y Mariano Rajoy en la Moncloa el pasado 11 de enero ha servido, principalmente, para exacerbar la desconfianza entre las partes y -lo que es peor- agravar la sospecha de que los actuales interlocutores son demasiado imprudentes como para confiar en que puedan evitar el choque de trenes.
Líneas rojas
El Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de explorar un acuerdo con la Generalitat catalana a partir de las reclamaciones elevadas en abril por Puigdemont en materia de financiación, inversiones en infraestructuras y desarrollo competencial siempre que no acepte, en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto, la celebración de un referéndum que ponga en riesgo la unidad de la nación. Las líneas rojas deben quedar claras.
La existencia, sin embargo, de conversaciones privadas al más alto nivel de las que nada se informa, y en cuya negación más descarada se ha empleado nada menos que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no llama a la tranquilidad. Una cosa es que el Ejecutivo mantenga cierta reserva sobre sus actuaciones, y otra muy distinta que, una vez conocida una reunión como la que mantuvieron Rajoy y Catalá, se lancen mensajes confusos a la opinión pública en lugar de tranquilizarla con explicaciones convincentes sobre lo que allí se dijo.
Asunto aún abierto
También se han retratado al negar la mayor Puigdemont y su equipo al punto de pasar por mentirosos ante los propios. Lo cierto es que más grave que la filtración de la comida entre Rajoy y Puigdemont resulta la decisión de unos y otros de pretender dar por zanjado el asunto sin aclarar nada.
Tanta impericia y frivolidad no beneficia a nadie. Genera dudas en el bloque constitucionalista sobre un diálogo que debería desarrollarse sin manejos ocultos y cláusulas secretas; dinamita los débiles puentes tendidos entre el Ejecutivo y la Generalitat; y termina de fisurar al independetismo a expensas de que el fracaso de su principal órdago, la celebración de un referéndum de independencia en unos meses, precipite un adelanto electoral en Cataluña.
