La reacción de los sindicatos a la aprobación del decreto que liberaliza el sector de la estiba hace prever una escalada de tensión en los próximos meses. Los representantes de los trabajadores ya han convocado huelga para la segunda semana de marzo.
Hablamos de un sector estratégico como es la carga y descarga en los puertos, que es la vía por la que entran y salen de España la mayor parte de las mercancías. El paro supone, por tanto, una amenaza para el abastecimiento del país y un golpe de gravísimas consecuencias para las exportaciones.
Periodo de transición
Se equivocarán los partidos de la oposición si tratan de dinamitar el decreto cuando llegue al Congreso para su discusión. A España no le queda otra que cumplir con la sentencia de Luxemburgo, obligación que lleva retrasando ya más de dos años. Además, el Gobierno ha sido sensible con las reivindicaciones del sector al contemplar un periodo de transición de tres años antes de completar la reforma que exige Bruselas.
Los llamamientos de algunos partidos al entendimiento entre la patronal y los sindicatos demuestran que no son conscientes del problema. Ha sido precisamente la armonía que han venido manteniendo las empresas y los trabajadores lo que les ha llevado a repartirse el mercado. Han vivido en una una paz interesada que incumple la normativa europea y que puede salirnos muy cara.
¿Multa diaria?
Si España no adapta su legislación, tendrá que pagar una multa diaria de 134.000 euros que saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos. Es algo disparatado e inasumible. Pero también injusto, porque no es de recibo que exista un sector cautivo dentro de una economía de libre mercado, y menos aún en un sector estratégico.
El daño que puede causar el conflicto es tremendo, empezando por los propios puertos, que pueden ver cómo el tráfico se desvía a sus competidores. Los partidos políticos deben aparcar la demagogia: hay demasiado en juego para todos. Y el sector de la estiba tiene que actuar con responsabilidad. No puede salir del puerto para echarse al monte.