La plataforma ultracatólica Hazte Oír ha logrado una visibilidad sin parangón en su historia de activismo conservador tras fletar un autobús con el lema “Los niños tienen pene y las niñas vulva. Que no te engañen”. Las reacciones no se han hecho esperar. El Ministerio Público ha ordenado la investigación urgente de un presunto “delito de odio”, Manuela Carmena se ha apoyado en las ordenanzas municipales sobre publicidad para prohibirle circular en la capital y los ayuntamientos del cambio de Barcelona y Valencia -a donde se dirigía- ya han anunciado que no le permitirán la entrada.

No deja de ser llamativo que decisiones tan expeditivas hayan contado con el respaldo uniforme de todos los partidos políticos, incluido el PP con la salvedad de los populares valencianos, que piden “respeto para todos”. De hecho, habría que remontarse al acuerdo en el Congreso sobre las vacaciones de sus señorías para recordar un asunto que suscitara tanto y tan rápido consenso.

El problema es que, en esta ocasión, la controversia no afecta a las prebendas de los políticos sino a algo mucho más importante: la consideración de derechos básicos como la libertad de expresión y opinión. Ni siquiera la Conferencia Episcopal ha hecho un gesto de apoyo a una asociación religiosa caracterizada por la vehemencia con la que ha defendido el derecho a la vida, entre otras doctrinas de la Iglesia.

Movilizar a la ciudadanía

Hazte Oír mantiene que el Ayuntamiento prevarica, que sus derechos básicos están siendo vulnerados y que su intención no es fomentar el odio sino movilizar a la ciudadanía, prevenir contra lo que denomina “ideología de género” y alertar de que el sistema de enseñanza “se haya entregado a gays, lesbianas y transexuales”.

La campaña en cuestión es una réplica a la emprendida hace unos meses en Navarra y País Vasco por una asociación de familias de menores transexuales para concienciar sobre los problemas de integración de un colectivo vulnerable al acoso escolar. Pero incluso teniendo en cuenta que su intencionalidad sea la de responder a reivindicaciones del movimiento transgénero, ¿se puede afirmar que su mensaje es inequívocamente discriminatorio y que atenta contra la dignidad de los menores transexuales? Aun considerando que la identidad de una persona no es estrictamente fisiológica: ¿las creencias acientíficas y las posiciones conservadoras merecen ser proscritas y deben motivar actuaciones de urgencia de los fiscales?

La respuesta de los ayuntamientos y del Ministerio Público es desproporcionada e intolerante por muy detestable que pueda resultar el autobús de Hazte Oír. Plegarse al dictado de la corrección pública y confrontar la diferencia de opiniones con prohibiciones y medidas expeditivas sólo contribuye al pensamiento único y parece más propio de regímenes totalitarios que de una democracia avanzada. La libertad de expresión sólo tiene sentido si ampara también la manifestación de aquellas ideas y pensamientos que detestamos.