Una sospechosa rapidez está guiando todo los pasos para que Quim Torra sea president de la Generalitat lo antes posible. Rápida y sorprendente fue la decisión de Carles Puigdemont para designarle como su candidato en la noche del jueves y rápida también la decisión de Torrent que este viernes convocó el Pleno de Investidura para el mediodía del sábado.

Todo muy rápido –apenas 40 horas– mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy parece dispuesto a dejar hacer a los independentistas. La repentina decisión del PP de Cataluña de recurrir ahora y casi por sorpresa al Tribunal Constitucional para que suspenda “de manera urgente” las resoluciones de la Mesa del Parlament que permitirán el voto delegado de Puigdemont y Comín, y casi con toda seguridad la elección de Torra como nuevo president, no deja de ser una cortina de humo para tratar de guardar las formas de los populares.

Una pobre coartada

Utilizar la palabra “urgente” no deja de ser un sarcasmo toda vez que las citadas resoluciones del Parlament se produjeron los pasados 3 y 24 de abril. Ir al Tribunal Constitucional in extremis, con el fin del semana de por medio para que resulte imposible que éste tome una decisión antes del lunes, cuando presumiblemente Torra pueda ser elegido en segunda vuelta, no deja de ser una pobre coartada para tratar de demostrar que se ha hecho todo lo posible por frenar este desatino.

Desatino ante el que Mariano Rajoy, una vez más, ha hecho dejación de funciones. Todo parece indicar que la investidura exprés de Quim Torra y el levantamiento del 155 –además del espinoso tema de los presos etarras– pueden formar parte de los acuerdos oficiosos alcanzados con el PNV para que sus cinco diputados apoyen los Presupuestos y apuntalen a los populares.

El Gobierno debería haber recurrido

Si verdaderamente se quería interrumpir este nuevo esperpento, es el Gobierno quien podía y debía haber bloqueado la investidura de Quim Torra presentando el correspondiente recurso al TC tras el informe preceptivo del Consejo de Estado.
Si este recurso era sólo una posibilidad debería haberse convertido en una obligación tras escuchar este viernes a Torra amenazar con un “proceso constituyente”, siguiendo “el mandato del 1-O” si sale elegido.

Pero la sospechosa rapidez para investir al títere de Puigdemont deja al descubierto una tormenta perfecta que el Ejecutivo no solo no ha tenido ninguna intención real de combatir, sino en la que ha participado mirando para otro lado.

No deja de ser sorprendente que Rajoy acusara de “aprovechategui” a Albert Rivera tras reprocharle el líder de Cs que no impugnara el voto delegado de Puigdemont y Comín y que ahora sean los propios populares de Cataluña los que presentan un recurso que más bien parece un intento desesperado de lavar la deteriorada imagen de un Gobierno que parece mirar más por sus intereses particulares que por los de todos los españoles.