El escándalo de OHL en Canarias lleva camino de convertirse en un auténtico tsunami político y empresarial. Como ha publicado EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional investiga presuntos sobornos de exdirectivos de la constructora a funcionarios y políticos a cambio de la adjudicación de contratos públicos. 

En una de las piezas del caso Lezo, existe un informe de la Guardia Civil en el que se ha volcado el contenido de hasta 23 conversaciones que detallan las mordidas de la compañía y que fueron requisadas en el domicilio de Paulino Hernández, exdirector general de Obra Civil de la empresa. A Hernández ya se le conoce como el Villarejo de OHL por estas grabaciones, que ha guardado durante años.

Púnica, Gürtel...

De entre los múltiples escándalos, el más reciente afecta a tres altos cargos de Coalición Canaria. Entre otros, están implicados nombres ilustres de la política insular como Antonio Castro Cordobez, expresidente del Parlamento autonómico, Luis Suárez Trenor, extesorero de CC, o Julio Bonis, exconsejero de Presidencia, a quien presuntamente le pagaban en México.

Al margen de las gravísimas consecuencias políticas, el asunto tiene una derivada que no se puede soslayar. Pese a que hay directivos de OHL que están involucrados en casos como Púnica, Gürtel o la construcción del hospital Son Espases de Mallorca, la constructora del grupo Villar Mir sigue operando sin cortapisas. Se ve favorecida por el marco legal, que si bien se endureció en 2017 con la Ley de Contratos del Sector Público, sólo tiene vigencia a partir de entonces. Como todos esos casos son anteriores, OHL sigue optando sin problemas a concursos con la Administración.

Responsabilidades

Es evidente que los controles de OHL han fallado. Las investigaciones y auditorías internas llegan tarde y llevan a sospechar de un intento por tapar un modus operandi que, a tenor de la reiteración, parecía instalado en la constructora. 

OHL debe hacer todo lo posible por depurar responsabilidades, más si cabe por su condición de empresa cotizada. Tampoco pueden caer en saco rato las críticas de los accionistas minoritarios. Muchos exigieron en la última junta la salida del grupo Villar Mir del accionariado de la constructora por haber destruido su imagen. Es inaplazable disipar las sombras que oscurecen la credibilidad de una gran empresa.