Este miércoles, el Gobierno ha anunciado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros para este año. Porcentualmente, el incremento supone un 5,5% del SMI, que llega después de que el Ejecutivo de Sánchez acometiera ya una subida del 22,3%, que lo situó en los 900 euros.

La cosa puede que no quede ahí, porque el Gobierno de coalición se ha propuesto fijar el salario mínimo en los 1.200 euros para el final de la legislatura. Es decir, en el 60% del salario medio que sugiere la Carta Social Europea. 

Entorno europeo

Las manifestaciones de Carmen Calvo advirtiendo de que la subida hasta los 1.000 euros no se hará “de una vez”, sino de forma “progresiva y asumible por el campo empresarial”, ha llevado alivio a los empresarios. Si la subida a los 900 euros ha conllevado una disminución de la contratación, elevarlo hasta los 1.000 podría tener una repercusión negativa en el empleo. 

El intento de situar el SMI al nivel del entorno europeo es una aspiración legítima, pero que no puede hacerse por las bravas y sin tener en cuenta las particulares condiciones del mercado laboral español. Por lo pronto, estas subidas de Sánchez marcan un récord en la Unión Europea sólo superado por Lituania.

Pérdida de afiliados

En un momento en que todo apunta a una nueva crisis hay datos que no pueden perderse de vista, como el de la pérdida de afiliados a la Seguridad Social: 2019 ha sido el peor año desde 2012. Y existe el riesgo de que este incremento salarial exponencial estrangule aún más a las empresas.

Por otro lado, el Gobierno debe estimular la inversión como vía para equilibrar el mercado, ya que una mayor creación de empresas conlleva una mayor contratación y contribuye a reducir la temporalidad. Y eso pasa por una fiscalidad que no se cebe con los beneficios empresariales.

El tiempo dirá si el paso que ahora da el Gobierno ha sido acertado o no. Que había margen para intentarlo lo confirma el hecho de que la medida haya sido pactada con los empresarios y los sindicatos. Ahora bien, el peor de los errores sería centrar las reformas en materia económica sólo en el SMI, que, paradójicamente, podría perjudicar a quienes dice que pretende ayudar.