Este miércoles las principales asociaciones agropecuarias se han manifestado frente al Ministerio de Agricultura. Lo han hecho después de varios días de manifestaciones y marchas a lo largo y ancho del país. Estamos ante el primer conflicto serio en la calle que le estalla al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. 

Es por este motivo que se han encendido las alarmas en Moncloa y se ha instado al ministro del ramo, Luis Planas, a que contemple medidas urgentes para apagar el incendio del campo. El Gobierno no quiere que las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos se conviertan en una nueva ola de indignación, como ya ocurrió con las protestas de los pensionistas.

Improvisación

Pero mientras llegan esas soluciones, el Gobierno ha intentado ganar tiempo con argumentos improvisados y muy poco sólidos. El propio presidente ha querido escurrir el bulto planteando el asunto como un conflicto entre productores y grandes superficies, sobre las que ha puesto el foco exigiéndoles "autocrítica".

Ojalá esto fuera una ecuación tan simple, un problema de buenos y malos. De entrada, si la solución es imponer a los supermercados que paguen más por los productos en origen, obviamente se encarecerá la cesta de la compra y será el consumidor, en última instancia, el perjudicado. De esta forma, el mismo Gobierno que se ha hartado de decir que los sueldos son bajos en España estaría torpedeando el poder adquisitivo de la gente.

Más soluciones

La realidad del campo español es la que es. Y la incidencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la economía rural es la gota que colma el vaso de un descontento histórico. El sector primario en nuestro país padece no sólo los efectos de la despoblación, sino la competencia desleal de terceros países y, desde la llegada de Trump, nuevas trabas comerciales. 

Que Sánchez trate de evitar la imagen de la calle tomada por tractores es comprensible, más aún en un Gobierno que se vanagloria de su sensibilidad social. Pero el campo necesita más soluciones y menos politización -hasta Vox ha intentado  capitalizar sus reivindicaciones-, y eso pasa por olvidar las bonitas palabras y recurrir al BOE.