El litigio por el despido improcedente del recaudador municipal Antonio Barragán, que se ha alargado durante treinta años, costará a las arcas del ayuntamiento malagueño de Torrox 4,7 millones de euros de los que una parte ya fueron abonados. Después de un eterno proceso ante los tribunales, la Justicia ha fallado que el recaudador cesado deba ser indemnizado por la Administración local.
El episodio, esperpéntico, prueba la lentitud exasperante de la Justicia y el modo en que la fraudulenta gestión de una corporación puede condenar a un municipio a abordar una deuda inasumible de la que sus gestores actuales no son responsables.
Perjuicio negligente
Dicho en plata: el perjuicio negligente del ayuntamiento cometido tres décadas atrás conllevará que cada torroxeño deba destinar en impuestos municipales unos 300 euros para satisfacer la deuda contraída. Conviene señalar que el presupuesto anual de la localidad es de 22 millones de euros, y que en plena crisis por la pandemia, y en un municipio que vive principalmente del turismo, debería centrarse en reactivar la economía.
Ante tal situación, el equipo de gobierno estudia emprender acciones legales al antiguo alcalde y sus colaboradores para exigirles "responsabilidades patrimoniales por perjuicios a la Administración". Ahora bien, temen que sus actos hayan quedado prescritos judicialmente.
Llamada de atención
Un caso similar ocurrió en el Ayuntamiento de Vitoria cuando Alfonso Alonso -entonces alcalde-, Javier Maroto -concejal de Urbanismo- y el resto del Gobierno municipal vitoriano fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 393.862 euros por alquilar a un precio inflado unas oficinas. Tanto Maroto como Alonso y el resto de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento fueron absueltos finalmente.
Más allá de lo anecdótico, el caso Barragán de Torrox debe servir para hacer una llamada de atención al legislador: los contribuyentes, cautivos y desarmados, no tienen por qué acarrear con las irregularidades de sus representantes.
