Miles de españoles, convocados por la "Plataforma más plurales", se manifestaron este domingo desde sus turismos y en una treintena de ciudades de España contra la octava reforma educativa en democracia, la llamada Ley Celaá que fue aprobada por un solo voto de diferencia en el Congreso el pasado jueves.
De entrada, ese voto de diferencia es el que fundamenta el argumento de que estamos ante una ley que no goza de consensos amplios ni en el Parlamento ni en calle. Y prueba de esto es la prepotencia con la que la titular, Isabel Celaá, la ha defendido sin ni siquiera consultar a los expertos en la materia y tramitándola de urgencia, acaso porque las prisas son buenas aliadas para aprobar una norma de calado tan ideologizado en una materia tan sensible.
Excusas vagas
Ni siquiera el presidente del Gobierno ha sido capaz de dar respuesta al clamor de la calle. A última hora del domingo, sin mención alguna al descontento popular en su comparecencia televisiva, se excusaba con argumentos vanos y meros eslóganes referentes a la supuesta "equidad" y la "excelencia" que busca la LOMLOE.
Precisamente que los argumentos pedagógicos hayan sido puestos en sordina da la temperatura exacta de qué gritaban este domingo decenas de miles en las calles. Por le momento, el PP ha anunciado que combatirá en la medida de sus posibilidades los aspectos más perjudiciales de la norma en las Autonomías que gobierna. E incluso, Casado ya le ha puesto fecha de caducidad a la ley, el día que llegue a la Moncloa.
Mensaje meridiano
Atacar el español como lengua de enseñanza, la asfixia a la escuela concertada y el ataque a la Educación Especial ha provocado el descontento de la opinión publica. EL ESPAÑOL revela hoy en una encuesta de SocioMétrica que una amplia mayoría de ciudadanos, el 74%, rechaza que se elimine el castellano como lengua vehicular. Es más, en el mismo sondeo se consigna que ni siquiera los socialistas son entusiastas de este aspecto de la Ley: cuatro de cada diez lo rechazan.
Con este escaso apoyo social, la Ley Celaá abona el enfrentamiento político si, tal como entienden los ciudadanos, se erosiona un pilar del Estado de derecho como es la libertad en la enseñanza. Ni Isabel Celaá ni Pedro Sánchez deben desoír un clamor que sólo empieza. España no puede permanecer en el vagón de cola de los índices de calidad educativa y el mensaje de la calle es meridiano.
