La negativa del PSOE y de Podemos a recabar informes consultivos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de acelerar la reforma que pretende limitar sus funciones demuestra el riesgo que corre la independencia judicial. Es difícil no interpretar las prisas del Ejecutivo como un chantaje a los jueces.
El CGPJ respondió a las urgencias del Gobierno continuando con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de ocho audiencias provinciales y otros tribunales. Si la reforma que pretende el Gobierno saliera adelante, esos nombramientos no podrían realizarse mientras el Consejo estuviera pendiente de renovación.
La incertidumbre sobre la fecha de las elecciones catalanas añade leña al fuego, puesto que parece evidente que no habrá acuerdo (o anuncio de acuerdo) entre PSOE y PP hasta después de que estas se hayan celebrado. Las prisas del Ejecutivo demuestran, así, su nerviosismo frente a un calendario judicial que se prevé complicado tanto para Podemos como para varios de los socios nacionalistas del Gobierno.
Rozando el filibusterismo
El PP ha anunciado ya, de hecho, su intención de presentar una enmienda a la totalidad para evitar la reforma exprés que pretende el Gobierno. La medida linda con el filibusterismo, pero tiene la virtud de evidenciar cuáles son los intereses de los dos principales partidos en esta batalla. El del PP, retrasar al máximo la renovación del CGPJ. El del PSOE, meter a sus candidatos en el Consejo lo antes posible.
Tramitar por la vía rápida una de las medidas más polémicas de la legislatura, obviando la opinión del CGPJ acerca de su propia renovación, pone en jaque la separación de poderes y alimenta las sospechas de que lo que está intentando en realidad el Gobierno es controlar de cerca a los jueces como antes se controló la Fiscalía con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Si al Colegio Cardenalicio en el Vaticano se le quitaba el techo para incitarle a apresurarse en las elecciones de Papa que se demoraban más de lo necesario, algo similar parece haber hecho el Gobierno con los jueces tratando de acelerar los plazos a costa de cualquier apariencia de neutralidad institucional.
Dudosa constitucionalidad
EL ESPAÑOL ya ha advertido con anterioridad de la dudosa constitucionalidad de las medidas que ha propuesto el Gobierno a lo largo de los últimos meses para forzar la renovación del CGPJ. Pero hay que volver a insistir en que es necesario que el PP salga de su enroque y que el PSOE regrese al sentido común que se espera del Ejecutivo de un país europeo al que la propia UE mira con no pocos reparos en este asunto.
Tras dos años en funciones del Consejo de los jueces, los cauces para su renovación son claros y sus exigencias razonables. Quienes han de estar a la altura son los partidos en la negociación. Las exigencias del PP son razonables, como lo es la voluntad del PSOE de renovar un CGPJ que acumula un inaceptable retraso de dos años y medio.
Prisas del ala populista
La jugada del PSOE para torcer el brazo del PP y del propio CGPJ es muy peligrosa. La propia UE ha advertido ya con anterioridad, con toda la contundencia que permite el lenguaje diplomático, que el Gobierno no está actuando con toda la seriedad y, sobre todo, la neutralidad exigible a un Estado de derecho europeo.
Que el Gobierno de coalición siga en el órdago del control político de la Justicia, espoleado por las prisas de su ala populista, hace temblar los pilares del Estado de Derecho.
La responsabilidad apela tanto al Ejecutivo como a la oposición, sí. Pero en este caso es el PP el que defiende la postura más cercana al espíritu de la Constitución: el de que los jueces sean escogidos por los jueces y no por los políticos.
El PSOE lleva más de tres décadas resistiéndose a ese cambio por una mezcla de intereses particulares coyunturales y prejuicios ideológicos anacrónicos. Pero su obstinación le conduce a un callejón sin salida. Porque más tarde o más pronto esa reforma se llevará a cabo con el apoyo de la UE.
Y de ahí lo absurdo de una tozudez que sólo le sirve para ganar un poco de tiempo a cambio de tensar las costuras del Estado de derecho hasta extremos inaceptables.
