La noticia de que las elecciones catalanas se posponen hasta el próximo 30 de mayo ha opacado una segunda noticia bastante más preocupante que la primera. La de que las elecciones sólo se celebrarán en esa fecha si ERC y JxCAT, los dos partidos que forman el Gobierno catalán, así lo consideran conveniente.
Eso dice, literalmente, el artículo 2 del decreto 1/2021 de 15 de enero de la Generalidad catalana:
"Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública, y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno [autonómico], mediante un decreto del vicepresidente del Gobierno [autonómico] en sustitución de la Presidencia de la Generalidad".
La ambigüedad del texto, que se ampara en los aplazamientos de las elecciones vascas y gallegas en marzo de 2020 para posponer las catalanas hasta el 30 de mayo, deja en la práctica al capricho de los partidos que integran el Gobierno catalán que esos comicios se acaben celebrando (o no) en la fecha prevista.
Sólo habrá elecciones, en fin, si sus propios sondeos internos sonríen a ERC y JxCAT.
Desactivar el efecto Illa
El hecho de que el decreto no especifique qué parametros serán considerados como causa justificada de un nuevo aplazamiento (una incidencia acumulada concreta o un nivel de ocupación de UCI determinado) hace sospechar que lo que están intentando ERC y JxCAT es, más bien, desactivar el efecto Illa, aunque sea a costa de condenar a los ciudadanos a una situación de provisionalidad inaceptable en plena pandemia.
Parece obvio que el gran beneficiado por este aplazamiento en el bloque independentista es JxCAT, que ha forzado a ERC a sumarse a una decisión de la que recelaba y que permitirá a los de Carles Puigdemont ganar tiempo para que su candidata Laura Borràs siga ascendiendo en los sondeos y Pere Aragonès, desplomándose como hasta ahora.
Cualquier mala noticia sanitaria será, además, demoledora para los republicanos, puesto que son ellos los que ostentan el mando en las Consejerías encargadas de la gestión de la epidemia. Y entre ellas, la de Salud.
ERC ya ha demostrado con anterioridad su sumisión psicológica casi freudiana a la hegemonía convergente, incluso cuando todas las circunstancias le eran favorables, y esta vez no ha sido la excepción a la regla. El catalán más contento ayer era Puigdemont.
Tercer puesto de ERC
Parece, también, que los sondeos que a lo largo de los últimos días vaticinaban una victoria de Salvador Illa y una caída de ERC hasta el tercer puesto en los comicios, por detrás incluso de JxCAT, habrían acabado de arrastrar a los republicanos hasta la trampa de la estrategia convergente.
La jugada (porque de eso se trata, de una jugada electoral nacionalista) tiene claroscuros y podría acabar beneficiando electoralmente a Salvador Illa, pero también a JxCAT.
El aplazamiento de los comicios también pone en un compromiso al Gobierno central y acota su margen de acción frente a la pandemia.
¿Cómo decretar ahora un confinamiento domiciliario que convertiría a Illa en el ministro que abandonó su cargo, para presentarse a unas elecciones regionales, tras haber fracasado en el control de la epidemia?
¿Cómo asumir el mando único y hacer responsable al ministro de una hipotética mala evolución de los datos?
Agotamiento de los plazos
Hay que recordar, finalmente, que las elecciones que deberían haberse celebrado este 14 de febrero no se convocaron por el procedimiento habitual, sino por el agotamiento de los plazos legalmente establecidos para la presentación de un nuevo candidato a la presidencia de la Generalidad tras la inhabilitación del presidente Quim Torra.
En Cataluña, en fin, las elecciones no se han convocado a la manera usual, sino que se han decantado, por puro agotamiento de los términos legales y la posterior disolución del Parlamento autonómico, para ser luego aplazadas hasta una fecha aleatoria en el futuro que ni siquiera es definitiva.
Aplazamiento que por no tener, ni siquiera tiene soporte legal, puesto que Cataluña sigue sin contar con una norma electoral propia. Y de ahí que en el decreto de aplazamiento de la Generalidad se mencionen los casos vasco y gallego como argumento jurídico para el aplazamiento de las catalanas.
Pero tanto en Galicia como en el País Vasco fueron sus respectivos presidentes los que convocaron los comicios y posteriormente anularon su propia convocatoria.
Las reglas del juego
En el caso catalán, la Generalidad ha dejado sin efecto una convocatoria automática de elecciones establecida en el artículo 67.3 de su propio Estatuto de Autonomía y a la que está obligado el presidente regional, sin que exista margen alguno para adoptar cualquier otra decisión que no sea, precisamente, esa.
El aplazamiento de las elecciones y lo incierto de su nueva fecha, en fin, son un nuevo insulto de los partidos nacionalistas a las reglas del juego democrático y el Estado de derecho.
En el pecado, sin embargo, llevan la penitencia aquellos que permitieron a los nacionalistas desobedecer resoluciones judiciales a voluntad y que ahora, envalentonados por su sempiterna impunidad, convocan y desconvocan elecciones a su capricho y conveniencia, con la excusa de la epidemia, como haría un cacique regional de folletín.