El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado este miércoles que el plan del Gobierno para la implantación de un sistema de pago por uso en las autovías españolas que contribuya a su mantenimiento guarda claras semejanzas con un estudio realizado en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy y que proponía un pago muy superior (cinco céntimos por kilómetro) al propuesto por el PSOE (un céntimo).

"Nosotros no hemos llegado tan lejos", ha dicho Ábalos, "pero nuestra tarifa sería como mínimo un tercio más barata". Ábalos ha dejado así en evidencia la doble cara de un PP que se opone ahora a lo que en su momento consideró como una de las únicas vías posibles para enjuagar el déficit de 7.054 millones de euros que arrastra el mantenimiento de la red de autovías españolas. 

Una red excelente y de la que pocos países europeos disfrutan, pero que está degradándose poco a poco tras el fin de las concesiones por la falta de inversión y por la inexistencia de una partida presupuestaria destinada a su mantenimiento.

Como han hecho todos los Gobiernos dada la impopularidad de la medida, el actual Ejecutivo también negó en su momento que tuviera la menor intención de implantar un sistema de pago por uso. Pero no existe alternativa viable a ese pago por uso que no sea el abandono de esas autovías o el incremento perpetuo del déficit, como ocurre también en el caso de la tarifa eléctrica. 

El PP, un partido que se define a sí mismo como liberal, no debería por tanto caer en la demagogia del "todo gratis" al que se han abonado los partidos populistas, sino más bien defender la idea, bastante más madura, de que no existen bocadillos gratis en democracia. 

Pago discriminado por uso

Como ha dicho el ministro Ábalos, el 40% del tráfico de mercancías que circula por España es extranjero. "Los transportistas pagan en todas partes menos aquí, y eso lo acaban pagando los españoles, entre ellos los que no conducen. Es intolerable". 

De ahí la necesidad de que el sistema de pago que se implante en las autovías españolas discrimine en función del tipo de uso que se haga de ellas. Porque no está en el mismo caso alguien que utiliza las infraestructuras del Estado para ir a trabajar que aquel que las utiliza por ocio o que aquel camionero a sueldo de la empresa de otro país europeo que las utiliza para la distribución de sus mercancías.

El caso de las autovías es, en fin, muy similar al del AVE. Porque todos los ciudadanos españoles hemos pagado con nuestros impuestos la construcción de la red ferroviaria española. Pero también pagamos luego por su mantenimiento cuando compramos un billete del AVE. 

Recortes o impuestazos

Como explicó Julián Núñez, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), durante una entrevista con EL ESPAÑOL, "sin medidas como el pago por uso, sólo quedan el recorte y el impuestazo".

"Lo que está claro", añadió Núñez, "es que al conjunto de las Administraciones públicas le cuesta cada año conservar la red de carreteras del orden de 2.000 millones de euros. En torno a 850 millones de euros la Administración General del Estado (AGE) y otros mil millones el conjunto de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos".

También explicaba Núñez la paradoja de que en verano "más del 50% del tráfico de camiones es internacional". Es decir, que los españoles estamos costeando el mantenimiento de una red utilizada de forma masiva por transportistas extranjeros que no pagan por ella. "Sin embargo, cuando nuestros transportistas están fuera de nuestro país, sí pagan. Y ahí no hay ningún problema".

Un sondeo realizado por EL ESPAÑOL este mes de enero demuestra que el 44,3% de los españoles considera que todos deberíamos pagar por el uso de las autovías para su mantenimiento y el sufragamiento de otros gastos sociales, frente a un 37,7% que defiende su gratuidad. 

España debe avanzar hacia un modelo en el que los impuestos que todos pagamos vayan destinados a aquellos servicios públicos y gastos sociales de los que nos beneficiamos todos, y en el que la conservación de las carreteras sea pagada, de forma principal y de acuerdo con baremos discriminatorios razonables, por aquellos que hacen uso de ellas.