Por más que el Gobierno, por boca de la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, haya intentado desvincular ambos hechos, parece ya difícil negar la evidencia de que la avalancha de 6.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a Ceuta durante las últimas horas no es más que una represalia del Ejecutivo marroquí por la decisión española de tratar al líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño. 

"Se trata de una cuestión humanitaria, de una petición de ayuda de una persona con una situación sanitaria muy frágil" ha dicho González Laya para justificar la acogida en España del líder de un grupo que el Gobierno marroquí ha vinculado en diferentes ocasiones con actos terroristas en el Sáhara Occidental.

El líder del Frente, Brahim Gali, llegó a España el 18 de abril y fue ingresado con un nombre falso en la UCI del hospital San Pedro de Logroño procedente de Zaragoza, ciudad donde había aterrizado. Una torpeza diplomática que sólo ha hecho que acrecentar las sospechas de Marruecos de que el acogimiento de Gali es fruto de un pacto entre España y Argelia.

Torpeza agravada por el hecho de que Alemania, frente a la misma disyuntiva que ha afrontado el Gobierno español, optó hace unos días por no acoger a Gali. 

Terrorista o no, el Frente Polisario asesinó y secuestró entre 1973 y 1986 a decenas de ciudadanos españoles en el Sáhara. De ahí que la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Canarias (Acavite) haya pedido la detención inmediata de Gali bajo la acusación de ser el promotor de dichos asesinatos y secuestros. Brahim Gali fue además imputado en 2016 por la Audiencia Nacional por los delitos de genocidio, asesinato, torturas y varias desapariciones en los campamentos de Tinduf (Argelia). 

Apoyo al Frente Polisario

Es difícil restarle importancia a la gravedad de la crisis, pero sobre todo a la ingenuidad de un Gobierno que paga ahora el precio de haber permitido durante tanto tiempo que su socio de coalición, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, hiciera alarde, con maneras además harto mejorables y que habrían horrorizado a cualquier diplomático medianamente experimentado, de su apoyo al Frente Polisario y a un referéndum de independencia en el Sáhara Occidental. 

Un referéndum amparado por la ONU desde 1991 mediante la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), es cierto, pero que treinta años después sigue sin celebrarse por discrepancias respecto al censo y la oposición frontal de Marruecos, y que parece difícil que pueda llevarse a cabo a corto o medio plazo a menos que los equilibrios geoestratégicos en la zona cambien radicalmente. 

España no tiene ni debería tener sentimientos ni ideología en su política exterior, sino sólo intereses de acuerdo a los principios más elementales de la realpolitik. Pero estos deben conjugarse también con los compromisos históricos adquiridos por nuestro país respecto a la población saharaui. El reconocimiento de la unidad territorial marroquí por parte de los Estados Unidos añade un elemento de complejidad más a la situación.  

Lo ocurrido en Ceuta es inaceptable, pero debe alertar al Gobierno sobre la incoherencia que implica defender la unidad territorial en España mientras se alienta, desde el Gobierno, un referéndum de autodeterminación en un país al que el mismo Pedro Sánchez ha calificado de "socio". 

Incomodidad con Podemos

Sólo hace falta observar lo ocurrido en Canarias durante los últimos meses para comprender que la avalancha de ayer en Ceuta podría ser sólo el prólogo de una futura avalancha de pateras.

En Canarias, la llegada de pateras se ha incrementado, sólo durante los cuatro primeros meses de 2021, un 133%. No es irracional por tanto pensar que la llegada del buen tiempo del verano podría implicar una nueva avalancha migratoria facilitada por la tolerancia de un Marruecos que lleva tiempo avisando, incluso desde las mismas páginas de EL ESPAÑOL, de su incomodidad con la radicalidad de las posturas de Podemos respecto al Sáhara Occidental. 

Lo que está viviendo Ceuta hoy es, en definitiva, un conflicto incruento en el que las balas han sido sustituidas por las pateras y las avalanchas migratorias. España no puede por tanto responder como respondería a la súbita irrupción de miles de inmigrantes que huyen de una guerra, sino como se responde a un asalto a la soberanía nacional por parte de un Gobierno extranjero.

Un Gobierno extranjero que es socio de España, cierto. Pero también con unos intereses geoestratégicos muy diferentes a los nuestros y que responden a incentivos regionales muy claros.

España debe, en resumen, encontrar el equilibrio entre la realpolitik, sus compromisos históricos, las resoluciones de la ONU y la más elemental conciencia de la realidad que se vive en la zona: una realidad en la que el que tiene la mano sobre el grifo de la inmigración ilegal es Marruecos, no España. Es un equilibrio difícil, pero España no puede vivir permanentemente sometida al chantaje inmigratorio de su vecino del sur.