El Govern catalán no dejó pasar la ocasión de escenificar, una vez más, la profunda brecha que distancia a ERC y a Junts per Catalunya. La última bronca estalló en vísperas de la mesa de diálogo, que tiene lugar hoy entre el Gobierno central y el autonómico, a la que Junts quiso llevar como representantes a dos indultados (Jordi Sànchez y Jordi Turull), a la diputada Míriam Noguera y al vicepresidente Jordi Puigneró.

Pere Aragonès les recordó que la propuesta es inaceptable, que las conversaciones son entre gobiernos y que Sànchez y Turull no sólo no forman parte del suyo, sino que están inhabilitados. Pero Junts, entre aspavientos y acusaciones de veto, se plantó para cansancio del president, que anunció que la formación de Carles Puigdemont no estará presente.

De modo que si defendimos en junio que la convocatoria de la mesa suponía un grave error de partida, meditada como está por ERC para abordar la amnistía y la autodeterminación, el disparate proyectado en Barcelona no nos arma precisamente de razones para pensar lo contrario. A fin de cuentas, ¿qué van a negociar en la mesa, si ni siquiera hay consenso entre las dos fuerzas del Govern?

¿Qué garantía se puede ofrecer a los ciudadanos de que los acuerdos que se alcancen no caduquen al instante? ¿Qué valor tendrán los pactos que salgan de la mesa, en resumen, si son a espaldas de Junts, echado al monte y aferrado al no por respuesta?

Intereses enfrentados

Resulta evidente, además, que en la mesa de diálogo no hay dos partes negociadoras, sino cuatro. Si bien las discrepancias entre Junts y ERC se expresan con alboroto y a la luz de los focos, es difícil pasar por alto que tampoco a PSOE y Unidas Podemos les mueven los mismos objetivos ni las mismas convicciones.

El PSOE va a defender sus acuerdos de Gobierno. Unidas Podemos, su modelo de república confederal. Junts pretende dinamitar cualquier puente con Moncloa. Y Esquerra quiere estirar el chicle del procés mientras juega a dos bandas.

Salta a la vista, pues, que cada partido va a defender sus intereses y ninguno el de los españoles. Y la pregunta, entonces, surge sin esfuerzo: si ni siquiera van a una dentro de cada Gobierno, ¿qué pretenden resolver, en concreto? ¿Sus asuntos, los del país o los de nadie?

Mesa sin garantías

El caos de El Prat, que compromete una inversión de 1.700 millones de euros decisiva para Cataluña, demuestra la desorientación del Govern y su difícil relación con los gestos de Moncloa. Si el Gobierno les brinda cuanto quieren, es un chantaje. Si el Gobierno cede ante las peticiones, son insuficientes. Esta realidad se hizo notoria, en el caso de Junts, a propósito de la mesa.

Primero se negó a reunirse si Pedro Sánchez se ausentaba y, una vez el presidente confirmó su asistencia, encontró la forma de torpedear públicamente el encuentro. Quién sabe si espoleado por la convicción de que el fracaso de la mesa será, en último término, una victoria para el partido.

De manera que nada parece indicar que la concordia invocada por Moncloa se encuentre a la vuelta de la esquina. Y, sin embargo, todo invita a pensar que ERC y PSOE están más cerca que nunca. Sánchez, que ya advirtió de que no tiene ninguna prisa por resolver a corto plazo una crisis que cumple una década, gana tiempo. Y el tiempo, con la perspectiva actual, parece el mejor aliado de Salvador Illa, ganador de las últimas elecciones catalanas, que se mantiene a la espera de que la alianza independentista pague el precio del desgaste.

En esta pantalla de la partida, llega una mesa de diálogo sin sentido y a todas luces inútil para arrancar acuerdos de calado. Una mesa que delata, al mismo tiempo, que el interés electoralista prima sobre los acuciantes problemas económicos y de convivencia de una Cataluña asfixiada por el nacionalismo.