El crecimiento de la inflación hasta el 5,5% en octubre, el peor dato de los últimos 29 años, amenaza con dinamitar la recuperación de la economía española y obliga a activar todas las alarmas. El dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) es peor de lo que esperaban la mayoría de agentes financieros y se suma a los funestos vaticinios del Banco de España, que prevé un nuevo máximo del IPC en noviembre.  

La tesis oficial en los bancos centrales dice que el crecimiento de la inflación es temporal y fruto de la recuperación y el tirón del sector industrial (las fábricas). Pero este es ya el octavo mes seguido de subida de la inflación y los expertos empiezan a atisbar elementos de inflación estructural.

Dicho de otra manera, la inflación podría haber llegado a España para quedarse.

La subida de la inflación está causada en buena parte por el alza de los precios de la electricidad y en menor medida por la de los carburantes y el gas. Pero este es el precio que España debe pagar por su apuesta por las energías renovables y su renuncia a la nuclear.

También, por las prisas a la hora de ejecutar una transición energética prematura y cuando las energías renovables son todavía incapaces de cubrir las necesidades de una economía desarrollada como la española. Buena parte del aumento del coste de las materias primas, además, viene de los elementos necesarios para la fabricación de molinos eólicos y placas fotovoltaicas. 

Pero también la inflación subyacente (la cesta de la compra de los españoles) ha subido hasta el 1,4%.

Este último dato, que excluye los elementos coyunturales, es especialmente preocupante puesto que se produce en un contexto de crecimiento débil y totalmente insuficiente para recuperar lo perdido por la economía española durante la pandemia.

Bombas en el camino

Las bombas que siembran el camino de la economía española son varias. Y entre ellas el acuerdo para la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Un acuerdo que se produce sin que el pacto para garantizar su sostenibilidad esté cerrado. 

Otra bomba es la subida del 2% del sueldo de los funcionarios prevista en los Presupuestos Generales de Estado. Una subida que ni siquiera garantizará el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es previsible, además, que los sindicatos exijan una subida de los salarios en el sector privado acorde a la inflación.

En este momento, el Banco Central Europeo (BCE) prevé que la inflación en la Eurozona sea transitoria. Pero si el escenario oficial cambia a permanente, el BCE se verá obligado a adelantar tanto la subida de los tipos de interés como la retirada de los estímulos. Y esto supondría un enorme problema para el Gobierno español porque financiar el déficit y el desorbitado gasto público generado por sus políticas expansivas se encarecería de forma significativa durante los próximos años.

Cambio de rumbo

La inflación, conocida popularmente como el impuesto de los pobres, hará que los ahorros de los españoles se reduzcan y que el coste de la vida crezca de forma sensible para ellos. La inflación hará también que se incrementen los costes salariales y las materias primas que necesitan las empresas para producir. 

El dato de la inflación, ni siquiera aliviado por la noticia de que España ha superado los 20 millones de ocupados, obliga al Gobierno a un cambio de rumbo radical. Clama al cielo, en concreto, que su principal preocupación sea ahora acabar con una reforma laboral que si alguna virtud tuvo fue la de reactivar un mercado de trabajo catatónico y eliminar varios de los obstáculos que frenaban la actividad de las empresas españolas. 

No es momento, desde luego, de experimentos de socialismo extremo como los que pretenden Yolanda Díaz y otros socios del Gobierno. Si algo no necesita ahora la economía nacional es una reforma laboral que ponga trabas a las empresas y que acabe con la ya de por sí escasa flexibilidad en la contratación. 

Europa, pie en pared

Europa no va a tolerar por más tiempo que España siga actuando como si no estuviera viviendo una crisis de mucho mayor calado que la de sus socios europeos. Porque el endeudamiento español no se produce sólo a costa del futuro nivel de vida de los jóvenes españoles, sino también del nivel de vida del resto de los jóvenes europeos.

España está creciendo, además, muy por debajo de lo previsto en los Presupuestos y el dato no pasará desapercibido en unos bancos centrales que se van a replantear sus políticas laxas desde el punto de vista monetario y la financiación de particulares. Es muy probable, también, que el euríbor adelante su subida (que estaba prevista para 2026) a 2024 e incluso a finales de 2023. 

Es hora de que el Gobierno deje de actuar en función de sus fantasiosas previsiones y de que descienda hasta la España real. Es hora de que corte las cadenas que frenan a las empresas españolas y de llegar a grandes acuerdos con fuerzas responsables y ortodoxas. Es hora de poner freno a unas políticas asistencialistas y populistas que están alejando España a ojos vista de la centralidad defendida por la UE.