El Gobierno de coalición aprobará mañana en el Consejo de Ministros la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, pero lo hará sin los apoyos parlamentarios necesarios para sacarla adelante. Los sostenes de la legislatura del PSOE y Unidas Podemos (esto es, PNV, EH Bildu y ERC) ya han anticipado su negativa a aceptar el acuerdo en los términos anunciados.

Los nacionalistas, que reúnen 24 votos capaces de hacer caer el decreto, exigen que se revise el apartado de los convenios para que los autonómicos estén por encima de los empresariales o los sectoriales. Consideran, en fin, que sus territorios son “singulares” y que sus trabajadores no están representados por los sindicatos estatales de CCOO y UGT.

Resulta comprensible la inquietud de la CEOE en este sentido. La patronal se mostró frontalmente en contra de la prevalencia de los convenios autonómicos, que abrirían la puerta a 17 regulaciones distintas en España (con las implicaciones que esto tendría para las negociaciones colectivas), y consiguió que la medida se desechara.

Si las condiciones cambian para satisfacer a los nacionalistas, y lo harían peligrosamente, los empresarios tendrían imposible mantenerse en un acuerdo que ya aceptaron sin unanimidad interna. Más si cabe con la posición de Antonio Garamendi. El presidente ha sido cuestionado a lo largo del año por sus representados y se vería en una posición comprometida si acata más cesiones.

El escenario que afronta el Gobierno da buena cuenta de la frágil aritmética parlamentaria que lo sostiene y de una reforma laboral que se ha convertido en una manta zamorana, incapaz de cubrir al mismo tiempo los pies y la cabeza. Pero nada de esto puede nublarle la vista.

La vía Ciudadanos

Si por algo ha podido sacar pecho el Gobierno en los últimos meses es por sus positivas cifras de empleo, inseparables del marco legislativo implantado por el PP en 2012. Acertó Moncloa al renunciar a su derogación y al dar luz verde a un documento continuista que introduce cambios blandos y apuesta por la flexibilidad sin renunciar a la lucha contra la temporalidad.

En esta dirección, Ciudadanos ofrece al Gobierno una alternativa. A cambio de algunos retoques, apoyaría una reforma que no se aleja demasiado de la consensuada por Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2016. Con los 10 votos liberales y la suma de Más País, Coalición Canaria, PRC y BNG, rozaría la mayoría necesaria para obtener la aprobación parlamentaria y calmaría a la patronal, con la que negociará a la vuelta de Navidades el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá consecuencias. Pero las peores para los ciudadanos vendrían con un giro repentino, como reclaman los nacionalistas, que arruinaría el consenso social y pondría palos en las ruedas de la creación de empleo y la recuperación económica. Una irresponsabilidad que España, asfixiada por la pandemia, no puede permitirse.