El Ministerio del Interior ha negado que el radical cambio decretado en la política de concesión de privilegios penitenciarios, que permitirá a partir de ahora conceder permisos de salida a los presos aunque hayan cometido faltas graves o muy graves, tenga algo que ver con la polémica generada tras la excarcelación de Juana Rivas después de ser sancionada por dos faltas graves confirmadas por un juez. 

El lector concederá a Interior la credibilidad que considere en este asunto. Pero llama la atención que el cambio en la política de concesión de privilegios penitenciarios haya sido justificado por el ministerio de Fernando Grande-Marlaska con una sentencia del Tribunal Supremo de hace tres años en la que este afirma que no existe ninguna norma que vincule las sanciones con "la posibilidad de disfrute de permisos ordinarios".

¿Por qué recurre Interior a esa sentencia ahora, justo tras la polémica por el caso de Juana Rivas, si no lo ha hecho durante los tres años anteriores?

En realidad, lo que ha hecho Interior es aumentar la discrecionalidad de los directores de los centros penitenciarios a la hora de conceder permisos penitenciarios. Permisos que no podrán ser denegados ahora por la existencia de sanciones por faltas graves o muy graves y que dependerán de una "valoración global" de la evolución del preso.

En la práctica, se trata de un exceso de discrecionalidad que, en las manos incorrectas, puede derivar en la concesión de permisos a presos de tercer o incluso segundo grado por criterios ideológicos, interés político, o puro y duro capricho personal. 

Una política peligrosa

Del apartado 5 de la Instrucción 1/2012, que regula los permisos de salida para los reclusos, Interior ha hecho desaparecer la frase que hace depender estos de "la no existencia de mala conducta, objetivada esta en la existencia de sanciones firmes y sin cancelar, por faltas graves o muy graves". 

La decisión del Ministerio del Interior alberga dos minas en su interior. La primera es el incentivo negativo para unos presos que ahora saben que ni siquiera un hecho tan grave como la agresión a otros reclusos o a los propios funcionarios del centro penitenciario será suficiente, por sí solo, para evitar que les sean concedidos permisos de salida.

Si algo conseguirá la medida, en todo caso, es aumentar el riesgo para el personal de las prisiones españolas. Un colectivo damnificado por las escasas garantías de seguridad personal con las que desarrollan su trabajo y que se concretan en ese dato que publicó EL ESPAÑOL en noviembre del año pasado: cada tres días se produce una agresión contra un funcionario de prisiones en España. 

La segunda mina es política. Porque no ha hecho este Gobierno, y muy especialmente Fernando Grande-Marlaska, mérito alguno para ganarse la confianza de los españoles en temas de política penitenciaria.

Los indultos a los líderes del procés, el traslado de terroristas de ETA a cárceles del País Vasco o los pluses de productividad que Interior paga a los directores que excarcelen más presos revelan una política buenista, en el mejor de los casos. Sectaria, en el peor de ellos. Peligrosa para ciudadanos y funcionarios, en ambos casos.