Se acumulan los motivos por los que Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad, no puede seguir un día más en el cargo. Todos ellos guardan relación con su respuesta indefendible ante los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor que tutelaba. 

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia solicitó el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) la imputación de Oltra tras encontrar “indicios racionales, serios y fundados” para ello. Situación en la que ya se encuentran trece de sus colaboradores en Igualdad y que la vicepresidenta ha evitado anteriormente por su condición de aforada. Resultan indignos los lamentos de Oltra y sus compañeros, como el alcalde de Valencia, que atribuyen las investigaciones a “una campaña de la extrema derecha” y alegan que “la decencia no la marcan los tribunales”, dando cuenta de su visión sectaria de la justicia.

Hace mucho tiempo que debió dimitir. Oltra construyó su popularidad sobre la imagen de una mujer implacable contra la corrupción y comprometida con la regeneración política. Pero este aferramiento al cargo y sueldo público contrasta con la facilidad y la frecuencia con la que reclamaba dimisiones, siempre a la contra de los fundamentos más elementales de la presunción de inocencia, en sus tiempos de activismo.

Parece claro que a Oltra, que pidió a Rajoy en 2011 que no tolerara “ni un minuto más” la situación “indigna” para los valencianos de mantener al luego absuelto presidente Francisco Camps en el poder, sus palabras le salen muy caras. Si el instructor encausa a la vicepresidenta, será porque encuentra indicios de que utilizó su cargo para silenciar las denuncias de la víctima, proteger a su exmarido y tapar con los medios al alcance la responsabilidad del departamento de Igualdad. No parece un caso menor, sino un caso de corrupción grave e insoportablemente machista. 

Por dignidad o por coherencia

Llama la atención que haya sido precisamente la cartera de Igualdad la que, supuestamente, se ha volcado en la defensa de un abusador sexual y contra los intereses de la niña. En este sentido, sorprende la vocación protectora de Iniciativa, el partido de izquierdas integrado en Compromís al que pertenece. También la tibieza del presidente Ximo Puig, que la mantiene como número dos de su gobierno.

Sobre el líder valenciano, a menos de un año de las elecciones autonómicas y ante la extraordinaria gravedad de los cargos que se investigan, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo más puede seguir de perfil? ¿Por qué no cumple con la ejemplaridad que siempre ha llevado por bandera? ¿Acaso no le convierte la inacción en cómplice de los desmanes de su vicepresidenta?

No hay vuelta de hoja. La posición de Mónica Oltra es insostenible. Tiene que dimitir. Por dignidad o por coherencia. Lo contrario sería perpetuar una situación humillante y profundamente injusta para los valencianos, en su conjunto, y para la víctima, en particular.