La moda juvenil del 'ecovandalismo' ha llegado también a España, con el mismo modus operandi de ataques amparados bajo la coartada de la concienciación ecológica. El pasado sábado, dos jóvenes pegaron sus manos a los marcos de los cuadros de La maja desnuda y de La maja vestida de Goya. Los activistas, pertenecientes a la organización Futuro Vegetal, también pintaron en la pared entre ambos cuadros el mensaje "+1,5º". Los lienzos no sufrieron daños, pero no así los marcos, que por su datación entre 1902 y 1912 poseen un significativo valor histórico.

Sorprende que, contando con numerosos y mediáticos precedentes de la oleada de ataques, la dirección del Museo del Prado no haya redoblado las labores de vigilancia. Al contrario, como denunciaba la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, muchas salas adolecen de falta de personal de seguridad.

No es suficiente, como hizo el Prado, con un comunicado para condenar estos barbáricos actos. Los responsables de la pinacoteca deben aclarar cómo es posible que los activistas se tomaran casi dos minutos en perpetrar la escena sin que ningún vigilante interviniese. Una indolencia que contrasta con la premura con la que el personal de control, por ejemplo, intercepta habitualmente a los visitantes que intentan hacer fotografías en zonas no permitidas. Pero hasta ahora, se han negado a detallar a este periódico los pormenores de un protocolo de actuación que no es capaz de evitar situaciones como la ocurrida el sábado.

También deben explicar cómo lograron los atacantes superar el control e introducir en las instalaciones los materiales vandálicos, cuando "está terminantemente prohibido acceder al edificio con objetos o sustancias que puedan suponer un riesgo para la integridad de las personas o bienes del museo", lo que incluye bebidas, alimentos, mochilas y bultos grandes.

Y no sólo debería revisarse el protocolo de seguridad de uno de los museos más importantes del mundo. La organización Futuro Vegetal ya ha avisado de que "es probable que se repitan acciones similares". Por ello, las autoridades también deberían extremar las precauciones y endurecer las penas de los delitos contra el patrimonio artístico. Con la legislación actual, los daños en "bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" están castigados con una pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Una pena equiparable a la de un delito de hurto.

En cualquier caso, es la pinacoteca la que tiene la mayor responsabilidad en este asunto. A la vista de la ineficacia de las medidas de seguridad, resulta poco creíble, como aseguró el director del Prado, que se hubieran intensificado las "labores de vigilancia". Y es totalmente improcedente la actitud del presidente del patronato del Museo del Prado, Javier Solana, que ha defendido a El Cultural la "operación llevada en tiempo récord", considerando que "todo salió estupendamente".

No se trata, como dijo el director de Comunicación del Museo del Prado, de "convertir los museos en búnkeres". Pero en este clima de fanatismo en el que ha derivado una parte del activismo climático (motivado en gran medida por la neurosis colectiva que provoca una cobertura apocalíptica de la innegable crisis ecológica) es preceptivo reforzar los protocolos de seguridad. No se puede olvidar que si los activistas hubiesen querido, podrían perfectamente haber causado a los lienzos un destrozo irreparable.