Sobre el caso Arandina, los insultos en el Congreso y las pensiones

Gracias a la 'ley Montero', el Tribunal Supremo ha impuesto un año menos de pena a los exjugadores del Arandina. El criterio del TS da al traste con la esperanza del Gobierno de ser salvado por la doctrina general del fiscal. Un nuevo episodio de dureza verbal reabre el debate sobre la libertad de expresión en el Congreso. Y la propuesta de Escrivá para reformar las pensiones no ha sido del gusto de nadie.

Condenados de la Arandina.

Un futuro cada vez más negro para el 'sí es sí'

El goteo diario de condenados por delitos sexuales que se están beneficiando de la rebaja de penas que permite la 'Ley Montero' sigue persiguiendo a la ministra de Igualdad, aunque esta, torpemente, trate de maquillar o tergiversar la realidad.

El último intento por retorcer los hechos ha sido la pretensión de Irene Montero de anotarse, como si fuera un triunfo de la aplicación de su ley, la resolución del recurso de casación contra la sentencia del caso Arandina. Nada más lejos de la verdad.

Montero trata de engañar a los ciudadanos ocultando que si el Tribunal Supremo ha corregido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sido por una cuestión puramente técnica consistente en la inexistencia de una circunstancia agravante (es decir, un aspecto ajeno a la 'Ley Montero').

Pero cuando el Supremo ha tenido que individualizar la pena, ha optado por la ley del 'sí es sí' porque esta es más benévola con los condenados que la legislación anterior.

Es decir, que la elevación de la condena de los exjugadores de la Arandina no se ha producido gracias a la 'Ley Montero'. Pero sí es gracias a esta que los dos agresores van a pasar menos tiempo en prisión del que hubieran pasado con la ley anterior. El mérito real de Irene Montero es haber dejado esa pena en nueve años, en vez de en diez.

Y no sólo eso. El Supremo, como ya han acordado varias Audiencias Provinciales, no ha seguido en este caso el criterio con el que el fiscal general pretendía solucionarle la papeleta al Gobierno por la chapuza jurídica de la 'Ley Montero'.

Álvaro García Ortiz ha intentado, sin éxito, que se sigan aplicando las penas más duras de la ley anterior si entran dentro del arco punitivo de la 'Ley Montero'. Pero la Sala Penal del Supremo no está dispuesta a obviar la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable y ha recordado que no es posible establecer un criterio general al margen de las circunstancias concretas de cada asunto.

Y esto deberá tenerlo en cuenta el fiscal general rectificando su decreto de instrucciones a los fiscales en vez de intentar que los jueces actúen, como él, a gusto del Gobierno.

Meritxell Batet.

A vueltas con los 'insultos' en el Congreso

Una semana después de que Carla Toscano lanzara un burdo ataque personal hacia Irene Montero en el Congreso, otra diputada de Vox ha protagonizado la jornada parlamentaria con calificativos de gran calibre. Patricia Rueda ha acusado al Gobierno de estar premiando a "filoetarras, nacionalistas y golpistas".

En su día, Meritxell Batet ya reprendió a los diputados por emplear el epíteto "golpista". Ayer, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados instó a Rueda a retirar el término "filoetarra" del diario de sesiones. Al negarse a retractarse, y tras ser llamada al orden tres veces, se le retiró la palabra. El grupo parlamentario de Vox abandonó entonces el hemiciclo con ella en señal de apoyo.

Es innegable que se ha instalado en la vida política un tono cada vez más bronco y agresivo. También, que esta escalada retórica devalúa la palabra parlamentaria, que debería estar sujeta a unos exquisitos cánones de rectitud.

Pero en un caso como el de ayer, ¿realmente puede considerarse un insulto dirigir el calificativo de "filoetarra" a un partido con innegables vínculos con el mundo etarra? Que la Mesa del Congreso aclare, entonces, cuál sería el adjetivo correcto para señalar el vínculo existente entre EH Bildu y el mundo etarra. Sea cual sea ese vínculo.

Cabe felicitarse por la decisión de Batet de inaugurar una nueva etapa de mayor concordia parlamentaria imponiendo un baremo más estricto hacia los abusos verbales. Pero debe exigirse que este criterio sea igual para todos los grupos.

¿O acaso son menos graves las imprecaciones que la ministra de Igualdad lanzó contra Vox la semana pasada, tildando a sus diputados de "fascistas"? De lo contrario, será difícil evitar la sospecha de que las groserías se juzgan más o menos graves en función del color político del árbitro.

José Luis Escrivá.

Las pensiones, con prisa y sin consenso

La propuesta de José Luis Escrivá para reformar el sistema público de pensiones no ha contentado prácticamente a nadie. Ni los sindicatos, ni los socios parlamentarios del Gobierno secundan el plan de Escrivá. Tampoco la patronal ni la oposición.

El motivo: la intención del ministro de Seguridad Social de elevar el periodo de cómputo de las pensiones y de incrementar las bases de cotización máximas. No sólo los sindicatos y ERC y Bildu rechazan la reducción en las prestaciones que se produciría al aumentar el periodo de cotización. También el ala morada del Gobierno y Yolanda Díaz se oponen a elevar el periodo de cálculo de 25 a 30 años. Se ha abierto así una nueva guerra interna en el Ejecutivo, similar a la que enfrenta a Díaz con Nadia Calviño por la subida del SMI.

Por su parte, la patronal no avala la subida de las bases máximas de cotización. Tampoco la propuesta del ministro de indexar estas bases máximas a la inflación.

A Escrivá se le acaba el tiempo para completar la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas para antes de que termine el año. Por este motivo no se entiende que Seguridad Social haya apurado tanto para acometer el cambio en el cálculo del cómputo de las pensiones, ni que lo haya hecho con tan poca interlocución con el resto de actores implicados. El ministro aún está tiempo de rectificar y remitir una propuesta de mayor consenso antes de la reunión con los agentes sociales de mañana.

*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.