La apertura de una investigación sobre la posible compra masiva de votos por correo en la Ciudad Autónoma de Melilla enciende todas las alarmas. No sólo porque el fraude pueda alcanzar hasta 11.000 votos de un censo de 55.000. No sólo por el hecho de que esos votos decidirían una tercera parte de la composición de la Asamblea melillense, más que suficiente para sembrar dudas sobre el proceso electoral del 28 de mayo.
Lo más inquietante del supuesto fraude, pese a los apenas 704 sobres validados por Correos, es su posible alcance.
La investigación incluye decenas de denuncias de carteros asaltados en sus tareas de reparto, lo que ha obligado a que ejerzan su labor escoltados por la policía (una imagen indigna de una democracia europea), en una ciudad autónoma donde el voto por correo es sospechosamente más habitual que en cualquier otra parte de España.
La media nacional dice que apenas el 2% de los votantes españoles emplea este sistema. También en Ceuta. Pero en Melilla roza el 20% del censo. Y este año ese dato prácticamente triplica el de las elecciones de 2019.
Sorprende que haya sido necesaria la alerta ante un posible fraude para pedir la identificación con el DNI o el pasaporte al depositar el voto en la Oficina de Correos. Parece lógico que, a la luz del escándalo, se extienda la medida a todo el país, como sugiere el PP. Tanto para evitar el fraude como para desactivar cualquier iniciativa que empañe el proceso democrático en cualquier municipio o autonomía. Algo que parece en parte inevitable en el caso de Melilla.
Como sea, estas medidas quirúrgicas apenas restañan el mal de fondo. Porque las sospechas de los investigadores se centran en Coalición por Melilla, una formación vinculada a Más País y presidida por Mustafa Aberchán. Si se confirma, llovería sobre mojado. La asociación de Aberchán con Jesús Gil a finales de los 90 le costó al expropietario del Atlético de Madrid aparecer en el radar de los servicios secretos. Aberchán está además inhabilitado por la compra de votos por correo en las elecciones al Senado de 2008.
Podemos Melilla ya advirtió ayer que Aberchán pretende la anulación del proceso electoral para "atrasar las elecciones" y "esperar a que termine su condena para presentarse".
Cualquier español comprenderá la conveniencia de varias preguntas. ¿Cuál es la singularidad de Melilla para que el voto por correo sea mucho más habitual allí que en Cuenca, Oviedo o Sevilla? ¿Quién está detrás de la compra de votos? ¿Responde a una acción sencillamente mafiosa y local, o a una injerencia extranjera? Y en cualquiera de los dos supuestos, ¿con qué finalidad?
Puede que el hecho de que Melilla sea la protagonista de estas operaciones desestabilizadoras sólo sea una coincidencia, a pesar de que Marruecos viene estrangulando económicamente el enclave español y lanzando amenazas de anexión. Pero, en cualquier caso, la incógnita merece ser despejada. De tratarse de una maniobra de guerra híbrida, también llovería sobre mojado.