La petición de inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE por parte del Gobierno español lleva camino de convertirse en el primero de los muchos fiascos jurídicos y políticos a los que inevitablemente conducirá la alianza entre el PSOE y un partido como Junts, liderado por un prófugo de la justicia.

La petición del Gobierno al Consejo de la Unión Europea implicaría la inclusión de los tres idiomas regionales mencionados en el Reglamento nº 1, que regula las lenguas oficiales de la UE. Pero según dicho Reglamento nº 1, cuando un Estado tenga más de una lengua oficial, la elección de la que alcanzará la condición de "oficial" en Europa se determinará por las normas generales del Derecho interno de dicho Estado.

En el caso de España, la Constitución en su artículo 3 reconoce únicamente una lengua oficial, el español, reservando para las lenguas regionales la consideración de "cooficiales" sólo en sus respectivas Comunidades Autónomas. 

Dicho de otra manera. El reconocimiento de la oficialidad en Europa del catalán, el gallego y el euskera no sólo sería inconstitucional de acuerdo con el Derecho interno español, sino que también pondría a las instituciones europeas en una posición extraordinariamente comprometida. Porque aceptar la "oficialidad" de las tres lenguas regionales españolas en la UE implicaría el desbordamiento de la Constitución por parte de dichas instituciones y equivaldría a una reforma constitucional por la vía de los hechos consumados, puenteando la soberanía que ostentan todos los ciudadanos españoles. Algo que, evidentemente, debe rechazarse de pleno. 

No es problema menor el conflicto que generaría dicha inclusión en otros países europeos con problemas similares a los generados por el independentismo vasco, catalán y gallego en España. ¿Aceptarán Francia, Italia y tantos otros países europeos abrir la puerta de la oficialidad a docenas de lenguas minoritarias enarboladas como estandarte identitario por movimientos separatistas y ultranacionalistas similares a aquellos que hoy son socios del Gobierno español? 

Y tampoco es problema menor el coste de una medida como esta, que incrementaría muy sensiblemente los ya inaceptables 1.000 millones de euros, sólo en traductores e intérpretes, que cuesta el mantenimiento de esa Torre de Babel lingüística que es la UE. 

Una última consideración. El Gobierno español no debería exportar los problemas con sus socios, y mucho menos las concesiones que les haga, a unas instituciones europeas que deben lidiar hoy con problemas bastante más importantes que los derivados de los caprichos identitarios de un prófugo de la justicia al que se le ha concedido el privilegio de escoger el nombre del próximo presidente del Gobierno español. 

Si el Gobierno se ha comprometido con Carles Puigdemont a impulsar la oficialidad de las lenguas regionales en España, que proceda de acuerdo con la ley e impulse una reforma de la Constitución que equipare el estatus jurídico del catalán, el euskera, el gallego y el resto de lenguas y dialectos regionales al del español. 

Aunque quizá el Gobierno debería ser consciente de que lo que pretenden los partidos nacionalistas con reclamaciones como esta no es tanto elevar el estatus jurídico del catalán, el euskera y el gallego como el de rebajar el del español en la UE y, sobre todo, en sus respectivas regiones. Y en ese proceso de destrucción del patrimonio común, el Gobierno no debería acompañar en ningún caso a los nacionalistas.