Nunca en 45 años de democracia una ley con tan serias consecuencias para la estabilidad del Estado como la que pretende amnistiar de todos sus delitos a los líderes del procés había continuado su camino imperturbable con un informe en contra tan contundente de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso como el que ayer miércoles se hizo público.

En su informe, los letrados dudan de que la ley de amnistía sea constitucional y añaden que el Gobierno debería primero reformar la Constitución si pretende aprobarla. 

En el informe, el primer 'control de calidad' imparcial y sin adscripción política al que se somete la ley, se afirma que la norma podría desbordar su naturaleza de "ley singular" y "constituir ejercicio de la potestad jurisdiccional". El Gobierno estaría así atribuyéndose potestades que, de acuerdo con la Constitución y al principio democrático de separación de poderes, corresponden en exclusiva a los jueces y los tribunales. 

La norma también afectaría de forma grave al principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, además de entorpecer la aplicación del Derecho comunitario en materia de lucha contra la corrupción, la malversación de fondos públicos y el terrorismo.

El hecho de que la ley contenga una cláusula abierta que permite aplicarla a "cualquier delito" relacionado con el procés supone además una indeterminación de su perímetro que violaría el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución.

Tampoco su indeterminación temporal, que permite amparar los delitos cometidos dos años antes de la primera consulta independentista (en 2014) y también los cometidos más de cinco años después de la segunda (en 2017), contribuye en nada a esa seguridad jurídica.

El informe señala asimismo que la supresión de la amnistía en el Código Penal de 1995 "ha de entenderse como deliberada", lo que impediría modificar el texto para incluir en él la amnistía entre las causas de extinción de la responsabilidad penal. 

En circunstancias de normalidad, un informe como este obligaría a replantear la ley de amnistía, cuando no a renunciar a su aprobación. Pero lo cierto es que ningún actor político, periodístico o jurídico imparcial y sin adscripción política alberga hoy duda alguna de que la ley será validada en su momento por el Tribunal Constitucional. 

Las dos decisiones más recientes del tribunal, la que ampara a Arnaldo Otegi y anula la repetición del juicio por la reconstrucción de Batasuna (una decisión unánime del Tribunal Supremo), y la que ampara al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía, permite sospechar que el Constitucional resolverá por 7 a 4, en el sentido deseado por el Gobierno, todas las cuestiones que sean sometidas a su consideración. Incluida la de la Ley de Amnistía. 

Nadie puede pretender que el Tribunal Constitucional no ha reflejado en el pasado las tendencias ideológicas dominantes de acuerdo con el equilibrio entre magistrados conservadores afines al PP y progresistas afines al PSOE. Pero nunca como ahora sus decisiones habían sido tan previsibles y dejado tan poco margen para la sorpresa.

Las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no son menores ni, como pretende el Gobierno, fruto de una campaña orquestada por periodistas y magistrados conservadores. Son sólidas, razonables y, como mínimo, merecedoras de un atento estudio por parte del Gobierno. En materias que afectan a la igualdad de los ciudadanos frente a la ley y a la seguridad jurídica, el Ejecutivo no puede aplicar el rodillo habitual durante los últimos cinco años.

Las advertencias de los letrados del Congreso deberían, al menos, ser escuchadas. Porque con la Ley de Amnistía nos jugamos algo más que la simple estabilidad del Gobierno.