La impopularidad de la "financiación singular" que el Gobierno se ha abierto a negociar con ERC a cambio de investir a Salvador Illa se está haciendo patente más allá del germen de cisma que ha brotado entre los barones autonómicos del PSOE.

También amenaza con agrietarse el bloque de investidura de Pedro Sánchez, después de que Sumar y Compromís hayan avanzado que retirarán su apoyo al Ejecutivo en caso de que se avenga a conceder un trato de favor a Cataluña sobre el resto de comunidades. Igualmente, Chunta Aragonesista e IU lo consideran una línea roja.

Se comprende que presidentes y formaciones autonómicas se hayan plantado ante la posibilidad de que el Gobierno reconozca privilegios fiscales a Cataluña. Porque, como acreditan los datos de la AIReF, esta comunidad no es ni de lejos la más perjudicada por los por otro lado innegables desequilibrios e ineficiencias del Sistema de Financiación Autonómica.

De hecho, no puede decirse en puridad que Cataluña esté "infrafinanciada", como alega ERC, sino que se sitúa en un rango promedio. Son autonomías como Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía las que realmente sufren una diferencia notable entre la financiación media por habitante y la recibida.

Nadie duda de que es necesario reformar el modelo de financiación autonómica vigente desde el 2009, que está caducado desde el 2014 y que genera unas desigualdades que rozan los 1.000 euros anuales per cápita. 

Pero el enfoque no puede ser el de reconocer una "singularidad" para un territorio en concreto y luego extender el reconocimiento a todos para aplacar la oposición del resto de las CCAA.

Este es el malabarismo al que juega Sánchez al asegurar que "es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña".

Porque, como han concluido los expertos fiscalistas consultados por este periódico, no es posible contemplar singularidades en el marco de un régimen común, que las excluye por definición.

La única forma de reconocer una singularidad a Cataluña sería acordar un concierto económico análogo al cupo vasco, algo que el Gobierno niega estar dispuesto a conceder.

Ante todo, porque es insaumible económicamente: el régimen fiscal foral es sostenible porque entre País Vasco y Navarra apenas representan el 7% del PIB español, mientras que Cataluña representa el 20% del PIB español. Un cupo catalán sería ruinoso para las arcas públicas e impediría al Estado español financiar su actividad.

Si el Gobierno quiere realmente "reconocer las particularidades de cada región de manera multilateral", el planteamiento de la "singularidad" carece de sentido. Porque cabe aducir que todas las CCAA tienen sus necesidades singulares, que no están dadas por ninguna excepcionalidad histórica.

La manera de reflejar mejor en el régimen común las necesidades de cada territorio pasaría, en todo caso, por revisar los criterios de reparto, para que no haya comunidades que salgan más beneficiadas que otras. Y ahí se abren distintas opciones: incluir factores como el envejecimiento de la población y la productividad de cada región, fortalecer los mecanismos de solidaridad interterritorial o establecer fondos de compensación o transferencias directas entre comunidades.

Cualquier reforma del Sistema de Financiación Autonómica debería estar orientada a corregir los desequilibrios entre regiones para que todas tengan la misma capacidad de financiar servicios públicos como sanidad y educación, de forma que no existan disparidades en la calidad de vida los ciudadanos en función del lugar en el que vivan. Se trata de garantizar un reparto equitativo de los recursos entre territorios, y no, como baraja el Gobierno, de extender exenciones que comprometan aún más la redistribución.

El problema es que la fragmentación del nivel político autonómico y los intereses encontrados entre las distintas Comunidades Autónomas dificultan una reforma del sistema de financiación autonómica. Sólo podrá abordarse si se concita un amplio consenso entre todas las regiones, lo que supone que el PSOE tendría que ponerse de acuerdo con el PP, que controla doce de las diecisiete CCAA, en lugar de explorar divisivas fórmulas unilaterales con fuerzas que, como ERC, ni siquiera cuentan con responsabilidades de gobierno.