El padre del detenido este lunes como presunto autor del terrible asesinato de Mocejón ha asegurado que su hijo veinteañero, es decir mayor de edad, padece una discapacidad intelectual del 70%. A la luz de los testimonios de los vecinos recabados por EL ESPAÑOL, parece posible que sufriera de trastornos mentales graves. El asesino confeso era conocido en este pueblo de Toledo por su carácter conflictivo.
Pero es ineludible que se determine el estado mental del joven. Porque un crimen tan atroz como este debe tener su castigo. Cabe además preguntarse dónde está la frontera que separa la pura perversidad de la enfermedad mental, y dónde y cómo aplicar la eximente del estado mental del asesino.
No basta con escudarse en que el asesino procede de una familia desestructurada. O en que ha sido víctima de una enajenación al creerse inmerso en un videojuego, como ha declarado él mismo, que también ha asegurado que "mi otro yo ha apuñalado al niño". Habrá que demostrar mediante un dictamen pericial oficial que el 70% de discapacidad que alega tener es real, y qué consecuencias tiene esa circunstancia en su responsabilidad penal.
Tampoco podemos permaneces impasibles frente a quienes se han servido del apuñalamiento de un menor de once años para alentar la xenofobia.
Por eso acierta la Fiscalía al revisar los mensajes difundidos a través de las redes sociales "en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras" por si estos constituyen un delito de incitación al odio "con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación" contra los menas.
Aprovechando el vacío de información de las primeras horas tras el crimen, y hasta que la Guardia Civil detuvo este lunes a un sospechoso de nacionalidad española, todo un ecosistema de tuiteros extremistas avivó la teoría de que el autor de los hechos era un menor extranjero, sin contrastar ni verificar la información.
La única prueba de la hipotética autoría del crimen fue la constatación de que un hotel de Mocejón había empezado a acoger menas, y la existencia de una mezquita cerca del polideportivo en el que fue apuñalado Mateo.
Las redes sociales, al favorecer la viralización de mensajes que alientan reacciones volcánicas, han agravado el problema de la desinformación, cuya circulación amplifican y aceleran.
La irresponsabilidad de quienes difunden mensajes de odio no puede estar exenta de responsabilidad. En este caso, los exaltados han alcanzado niveles récord de vileza. Han acosado y amenazado al portavoz de la familia de la víctima después de que este pidiera "no criminalizar a nadie por su raza o color de piel", acusándole de "tener las manos manchadas de sangre" por haber ejercido de misionero en África.
Y debe hacerse extensible esta responsabilidad a las propias redes sociales como X. Que, como editores que son de sus plataformas (y como tal obligados a una labor de moderación), deben rendir cuentas por los contenidos que se publican en ellas.
