A sólo 48 horas del pitido final, es decir del acto de apertura del año judicial que tendrá lugar este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS) en presencia de Felipe VI, los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han llegado a un acuerdo de consenso, por dieciséis votos contra cuatro, para nombrar a Isabel Perelló presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del TS.
Isabel Perelló tomará posesión mañana miércoles de su cargo como presidenta en un acto que tendrá lugar en el mismo Salón de Plenos del alto tribunal.
Isabel Perelló, amiga de Margarita Robles y perteneciente a la asociación judicial de izquierdas Juezas y Jueces para la Democracia, aunque sin vínculos claros con Pedro Sánchez, Félix Bolaños o Cándido Conde-Pumpido, era una de las dos opciones, junto a Ana Ferrer, que este martes quedaba todavía en pie tras el descarte de todos los demás candidatos. Ambas, Perelló y Ferrer, cumplían las dos condiciones exigidas por el bloque de vocales escogidos por el PSOE: ser mujeres progresistas.
Perelló, nacida en Cataluña en 1958, será así la primera presidenta de la historia del CGPJ y del Tribunal Supremo. Perelló es magistrada de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo desde 2009, ha ocupado cargos en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y entre 1993 y 2003 fue letrada del Tribunal Constitucional.
El nuevo CGPJ ha esquivado así una de las posibilidades más temidas por la carrera judicial. El de que la negociación entre los veinte vocales del CGPJ, en la primera ocasión en cuarenta años en que su presidente iba a ser escogido de forma autónoma y sin que PP y PSOE 'precocinaran' el nombramiento, acabara reproduciendo los viejos vicios de la política y enquistándose en el bloqueo.
La elección de Perelló ha despejado además otra de las dudas que pesaban sobre este CGPJ. Que los vocales acabaran convertidos en meros representantes del partido que los escogió y defendiendo al candidato deseado por este, sin mayor margen de maniobra.
La elección de Perelló, una magistrada de perfil progresista, pero propuesta por el bloque conservador, demuestra que el actual CGPJ es capaz de llegar a consensos por sí solo. Algo que abre una ventana de esperanza para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la que se comprometieron PP y PSOE en el acuerdo de desbloqueo del CGPJ del pasado 25 de junio.
En ese acuerdo se requiere al CGPJ para que apruebe en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos "una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación".
Aunque ese punto en concreto del acuerdo ha sido objeto de interpretaciones interesadas, es evidente que su objetivo debería ser el de adecuar la ley a lo estipulado por el artículo 122.3 de la Constitución, que determina que doce de los veinte vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, y no por los políticos.
Ese ha sido durante seis años el verdadero elemento de bloqueo de la renovación del CGPJ y la batalla que latía al fondo de las discrepancias de PP y PSOE. Pero la elección de Perelló demuestra que si el órgano de gobierno de los jueces quiere, es capaz de llegar a un acuerdo para una reforma de la ley que incremente la independencia del Poder Judicial, en línea con lo estipulado por la Constitución y lo deseado por Bruselas y el PP.
El nuevo CGPJ no debería desaprovechar la oportunidad. La independencia del Poder Judicial, en un momento en el que las instituciones están siendo utilizadas como armas partidistas en la batalla política, es esencial para la salud del sistema democrático.
