La multitudinaria manifestación de este sábado en Valencia para exigir la dimisión de Carlos Mazón sugiere que no van a remitir las pretensiones oportunistas de instrumentalizar políticamente las devastadoras consecuencias de la DANA. Y que el aparato partidista y mediático de la izquierda va a recrudecer la ofensiva sobre el presidente de la Generalitat valenciana, hasta forzar su entrega como chivo expiatorio por la incompetente respuesta de las Administraciones a la tragedia, y así exonerar a un Gobierno central que es también corresponsable
Y sin embargo, a nivel institucional, la tormenta política parece haber amainado por el momento.
Han sido necesarias casi dos semanas para que PP y PSOE aparcasen la querella competencial y la atribución de culpas por el exceso de víctimas de las inundaciones, habiéndose reprochado, respectivamente, omisión de socorro y negligencia. Tras reunirse este domingo con Miguel Tellado y Juan Bravo, dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para perfilar el Real Decreto-ley de ayudas que hoy aprueba el Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha pedido "seguir trabajando juntos".
Habituados al triste espectáculo de la refriega partidista (que ha llevado a Juan Bravo a reconocer que muchos españoles se sienten "decepcionados" por la gestión política de la DANA), es de agradecer el "tono constructivo" que según el Ministerio de la Presidencia ha imperado durante la conversación. Prueba de ello es que el PP ha expresado su apoyo a la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley para los afectados por la DANA que acabe aprobándose.
Ha pedido al Gobierno, eso sí, incluir en este decreto medidas que se antojan razonables, tales como habilitar el parque de viviendas del Sareb para el realojo de los damnificados, subvenciones para la renovación de los centenares de miles de vehículos siniestrados, rebajas fiscales, previsiones para la recuperación de la actividad educativa.
El PP debe pactar con el Gobierno la reconstrucción de Valencia desde el primer decreto hasta el último. Y el Gobierno debe articular mediante créditos extraordinarios o fondos europeos el paquete de ayudas, desvinculándolo de la aprobación de los Presupuestos.
En todo caso, la colaboración entre el Ejecutivo y la oposición no puede limitarse a consensuar la reconstrucción en el corto y medio plazo. Se precisan igualmente grandes acuerdos de Estado para acometer reformas estructurales que eviten que pueda repetirse una catástrofe de esta magnitud.
Porque si algo ha quedado demostrado con el asolamiento de Valencia es que el desarrollo de toda una serie de dotaciones de prevención había quedado inconcluso, fruto de la incomunicación política y la falta de una visión prospectiva unitaria.
Así lo reconoció, según ha desvelado este periódico, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que al menos desde 2022 era consciente de que tenía que abordarse una "solución integral" para "reducir el riesgo de inundabilidad" del cauce del barranco del Poyo, con trabajos de "eliminación de vegetación y retirada de sedimentos" que nunca se llevaron a cabo. De la misma forma que el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación hidrográfica del Júcar 2022-2027, del año pasado, admite que el "encauzamiento, la adecuación y el drenaje" del barranco del Poyo era una de esas "medidas estructurales" que no se habían realizado.
Aprender de los errores de Paiporta implica también pactar un proyecto nacional para afinar e integrar las instancias de previsión, optimizar el sistema de protección civil, mejorar la agilidad y la coordinación de los protocolos de emergencias, materializar las obras y acondicionar las infraestructuras hídricas pertinentes, revisar los planes urbanísticos de las zonas inundables e impulsar una labor de pedagogía social para maximizar la efectividad de las alertas.