¿Por qué dicen singularidad cuando quieren decir privilegio?

En los últimos meses, distintos líderes políticos han puesto de moda la palabra singularidad, utilizándola para denominar la forma en la que según ellos hay que afrontar la llamada crisis catalana. A diestro y siniestro nos han explicado que para superar la situación actual es preciso reformar la Constitución reconociendo en ella la singularidad de Cataluña.

Quienes así argumentan ignoran premeditadamente que la única singularidad que tiene Cataluña respecto de otras regiones de España, la lengua, ya está reconocida en el texto constitucional. Y lo hacen porque la nueva singularidad que pretenden reconocer no es otra cosa que un privilegio. Pero como defender que hay que reconocer nuevos privilegios a Cataluña premiando así a sus políticos por haber perpetrado un golpe de Estado contra la democracia es algo que no resultaría rentable para los partidos que se presentan a elecciones en toda España, pervierten el lenguaje y llaman a las cosas por los nombres que no son.

Hace unos días conocimos una propuesta de reforma de Constitución firmada entre otros por Francesc de Carreras, el eterno ideólogo del partido de Rivera, que por si había alguna duda de dónde se sitúa ahora mismo cierra la candidatura electoral de Inés Arrimadas. En dicha propuesta se apuesta sin ningún pudor por el reconocimiento de la singularidad de Cataluña, hasta el extremo de que aunque en algún párrafo de la presentación niegan que la reforma haya de hacerse pensando en Cataluña, cuando llegamos a la propuesta de texto casi articulado nos encontramos con permanentes referencias a la singularidad de esa comunidad autónoma, para la que proponen una nueva disposición adicional en la nueva Constitución. O sea que lejos de acabar con las disposiciones adicionales que la Constitución del 78 estableció para Navarra y País Vasco, el nuevo texto añade un nuevo titular de privilegios, Cataluña.

Pero eso no es a mi juicio lo más preocupante y contradictorio con el discurso público de quienes defienden esa reforma mientras pregonan su compromiso con la igualdad de derechos de todos los españoles; lo verdaderamente grave es que Carreras propone que esa singularidad se establezca vía disposición adicional, o sea, robándonos a los españoles nuestro derecho a decidir votando en referéndum ese cambio constitucional.

Las disposiciones adicionales no requieren de referéndum para ser incorporadas en la Constitución, sirve la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, como ocurrió con la reforma del artículo 135. Como comprenderán, ni el nombre que le dan al privilegio ni el modo de incorporarlo es casual: Carreras, que es un experto constitucionalista, ha elegido esa vía precisamente por eso: porque sabe que los españoles no estaríamos de acuerdo en que la nueva Constitución sirva para profundizar en la desigualdad entre españoles mientras que sí que habrá una mayoría parlamentaria dispuesta a pagar el peaje a los independentistas.

Singularidad (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: extraordinario, raro, excelente) se ha convertido en la palabra fetiche para no llamar a las cosas por su nombre y engañar al personal. Ser extraordinario o raro significa ser diferente. O sea, acreedor de un trato también diferente, privilegiado. Nadie se declara singular para proclamar, a continuación, que es peor y que por eso mismo merece menos que el otro del que se empeña en diferenciarse.

En esta España en la que la desigualdad entre españoles crece ininterrumpidamente quien se dice diferente se dice mejor. Singularidad, traducido, es privilegio. O sea que mucho me temo que esos que hace nada defendieron en el Congreso de los Diputados el latrocinio que significa el concierto vasco (no solo el cálculo, el cupo, dejémonos de bobadas, porque si el cálculo fuera neutro a los nacionalistas y a los defensores de la singularidad ya no les interesaría el concierto) o incluso los que estuvieron en contra del cupo pero a favor de que se mantenga el concierto, van a defender, todos a una, la singularidad de Cataluña; aunque no lo llamen concierto o amejoramiento navarro.

Pero Carreras no se ha quedado ahí con su propuesta de aproximación a quienes defienden el reconocimiento de nuevos privilegios para Cataluña -para calmar a los nacionalistas, dicen- y hace unos días ha defendido una ley de claridad al estilo canadiense. Eso me ha hecho recordar la primera vez que escuché en directo a Stephane Dion cuando vino a Bilbao a dar una conferencia y alguien le preguntó por qué creyó necesaria una ley de claridad para articular el referéndum sobre la independencia de Quebec. Dion contesto así: “Nosotros necesitábamos una Ley de claridad porque nuestra Constitución no tiene un artículo 2 como la suya”.

Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. O sea que quienes piden una ley de claridad lo que están proponiendo es derogar el artículo 2 de nuestra Constitución, porque si este no existiera, el referéndum para la ruptura no debería ser votado por el conjunto de los españoles. Nuevamente nos están queriendo engañar llamando a las cosas por los nombres que no son llamando claridad a lo que no es otra cosa que renuncia a la unidad de la nación española.

Qué decir al respecto de los socialistas de Sánchez y de Iceta. El primero de ellos ya anunció que su reforma constitucional era para caminar hacia un modelo federal asimétrico, que concretó explicando que la asimetría se debía a que algunas comunidades autónomas debían ser reconocidas como naciones, aunque no llegó a determinar cuáles de las 17 actuales serían convertidas en naciones y si la española mantendría su estatus o se asimilaría, a la baja, con las nuevas.

Iceta ha concretado algo más lo que él entiende por singularidad al proponer hace unos días que el Estado condone la deuda de más de cincuenta mil millones que tiene Cataluña como consecuencia de las malas políticas de sus gobernantes; o al exigir que Cataluña recaude y liquide la totalidad de los impuestos; o sumándose, también en campaña, a la mencionada ley de claridad que, hoy por hoy, ya defienden Colau, Carreras y el PSC. 

En el lenguaje político de hoy lo que importa no es lo que dicen sino lo que ocultan las palabras que se eligen para que no descubramos las verdaderas intenciones. Lo de Carreras ya lo expliqué: singularidad se traduce por privilegio y ley de claridad por supresión del artículo de la Constitución que proclama la unidad de la Nación española. Lo de Iceta es como sigue: cuando él dice que el Estado debe condonar la deuda de Cataluña lo que está pidiendo es que el resto de los españoles, (castellanos, gallegos, andaluces, extremeños, madrileños... todos salvo vascos y navarros que tienen sus sistemas de privilegios blindados), nos hagamos cargo de la deuda de los catalanes. Dicho de otra manera, que la gente que cumple con sus compromisos, paga religiosamente sus impuestos y vive en regiones menos desarrolladas que Cataluña y con una renta menor (a veces muchísimo menor) pague con su dinero las locuras del nacional independentismo y les compensen económicamente por habernos dado un golpe de Estado a todos los españoles mientras trataban de destruir la democracia misma y rompían la convivencia entre catalanes. Y, por supuesto, mientras robaban el dinero público y lo ingresaban en sus cuentas personales de Suiza o Andorra.

Como sigamos así la escalada de ruptura de España no va a tener buen fin. Porque la ruptura de España, de la España constitucional y democrática que es la que importa, se produce desde el mismo momento en que se rompe la igualdad entre españoles. Y esa ruptura ya se ha producido. Así que si queremos reformar la Constitución para que nos dure al menos otros cuarenta años habrá que hacerlo reforzando aquellos artículos que garantizan la igualdad real y efectiva entre los ciudadanos al margen de la parte de España de la que sean vecinos. Cambiar la Constitución para santificar la desigualdad es un fraude parecido a aquel que se hizo en tiempos de Zapatero, con nocturnidad y alevosía, cuando reformaron el artículo 135 para constitucionalizar que pagar la deuda era más importante que garantizar la sanidad, la educación o las pensiones.

Esto, qué quieren que les diga, huele muy mal. Y lo que es peor: no tiene visos de que el aire vaya a oxigenarse. Lástima que en esta materia no podamos echar la culpa al cambio climático. Aunque siempre podemos seguir la recomendación que dejó escrita George Orwell en el ensayo que publicó en 1946, La política y el lenguaje inglés, que en el tiempo político que vivimos hoy podría referenciarse a España: “El lenguaje político (y, con variaciones, esto es verdad para todos los partidos políticos) está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al mero viento. Uno no puede cambiar esto en un instante, pero puede cambiar los hábitos personales y de vez en cuando puede incluso, si se burla en voz bastante alta, lanzar alguna frase trillada e inútil (…) a la basura, que es donde pertenece”.

Si tiramos a la basura, las mentiras y a los mentirosos seguro que se despeja, y mucho, el horizonte.

*** Rosa Díez, cofundadora de UPyD, es promotora de la web elasterisco.es.