El bloqueo político y la justicia tributaria

Si hay algún problema en España que no se ha solucionado y usted le pregunta al Gobierno, la respuesta será que no se ha podido resolver por la situación en Cataluña. Por supuesto, si le pregunta al PP, el culpable de todos los males es Ciudadanos. Ambas cuestiones tienen su relación, ya que Ciudadanos es el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, en las que el Partido Popular ha obtenido el peor resultado de su historia.

Por otra parte, es cierto que el golpe a la democracia en Cataluña ha tenido graves efectos colaterales, casi todos ellos negativos. Si bien, no es menos cierto que también se ha convertido en una excusa perfecta para un gobierno que no tiene ganas de reformar nada, ni de enfrentarse con los problemas de España, porque eso no es cómodo. Sin embargo, a un gobierno se le elige para gobernar, y no para que critique a los partidos de la oposición, aunque sea por el grave delito de ser el único que apoya a ese gobierno en los casos en que consideramos que es lo más conveniente para los intereses generales.

Esto se aplica a casi todo: no sólo a la evidente ausencia de proyecto del gobierno del PP, sólo paliada por los acuerdos con Ciudadanos, cuando los han cumplido, sino también a los asuntos ordinarios y normales de gestión. Así recientemente, el Gobierno me justificó que todos los vocales del Tribunal Económico Administrativo Central llevasen seis meses destituidos y en funciones, en que "los acontecimientos de los meses de septiembre y octubre de 2017 han dificultado contar con un marco de reflexión adecuado para tomar una decisión tan trascendente sobre la cobertura de las vocalías del Tribunal Económico-Administrativo Central".

Traduciendo, a finales de julio, el Gobierno aprovechó para suprimir la totalidad de las vocalías del Tribunal Económico Administrativo Central, y dejó en funciones a la totalidad de los vocales. Esto significaba que doce de los catorce votos que deciden los asuntos fiscales más relevantes, actas de decenas o centenares de millones de euros, por ejemplo, no tienen un nombramiento válido y en vigor. Para más inri, el Tribunal Económico Administrativo Central el órgano administrativo que fija doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria, tanto en materia de los grandes impuestos que gestiona el Estado, como el IRPF, Sociedades o IVA, como también en materia de impuestos que gestionan las Comunidades Autónomas, como Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones.

Todo esto es aún más grave porque existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera que los actos realizados por funcionarios de la Administración Tributaria, sin un nombramiento válido y en vigor, pueden ser nulos de pleno derecho. Además, los contribuyentes tienen derecho a que el órgano económico administrativo que resuelva sus reclamaciones sea independiente funcionalmente, es decir que no reciba instrucciones de ningún otro órgano. Esto no sólo es un desiderátum, es un mandato de la Ley General Tributaria. Cuando en un Tribunal, a doce de los catorce vocales se les ha suprimido su vocalía, y no se han nombrado sustitutos para las vocalías que se han creado, existe un riesgo claro y evidente para los intereses generales.

Ésta es una cuestión que desde Ciudadanos hemos advertido reiteradamente, en público y en privado, a los responsables del Ministerio de Hacienda, incluyendo al propio ministro Montoro en varias ocasiones. En el ámbito político, nos hemos quedado solos: al resto de las fuerzas políticas, esto no parece preocuparle lo más mínimo; o si les preocupa, todavía no conocemos ninguna iniciativa al respecto. Sin embargo, los inspectores de Hacienda hace meses que vienen manifestando su enorme preocupación por una situación lamentable y simplemente kafkiana.

Lo peor de todo es que esto se podía haber evitado: bastaba con no destituir a doce profesionales si no se tiene a doce sustitutos. Seis meses después de haber procedido a una decisión absurda, sigo teniendo la duda de cuál era el objetivo. No sé si la idea era sustituir a buenos profesionales por amigos, o si se pretendía nombrar comisarios políticos, o qué se pretendía. Algunos funcionarios me han comentado que había "instancias" enormemente preocupadas con el elevado porcentaje de estimaciones que otorgaban los Tribunales Económico Administrativos. Las estimaciones son las resoluciones que dan la razón a los contribuyentes, y que por tanto recuperan su dinero. Esto, evidentemente, reduce la recaudación, pero es esencial que a los contribuyentes se les cobre lo que legalmente proceda, y ni un euro más, porque España es un Estado de Derecho.

Sería mucho pedir que este Gobierno tuviese un proyecto de reforma de la justicia tributaria, y en general de la administrativa, que en buena medida están colapsadas. De hecho, un proyecto de una ley de garantías y derechos de los contribuyentes, como propone Ciudadanos, sería un indicativo de tener un proyecto, del que carece tanto este gobierno, como la oposición populista de izquierdas del PSOE y Podemos. Aún así, lo que sí se le puede pedir al Gobierno del PP es que gobierne y no cree problemas donde no los había.

Para los que presumen de "buena gestión", como los populares, la regla es sencilla, como le comenté al ministro Montoro en el Congreso hace unos días: no destituir funcionarios honestos si no se tiene sustituto. Esto contrasta con la resistencia feroz a pedir el acta a los políticos imputados en graves casos de corrupción. En estos casos, aunque haya una sustitución evidente, Rajoy prefiere poner en riesgo la estabilidad y los Presupuestos antes que cumplir el acuerdo de investidura con Ciudadanos. No es una sorpresa, ya pasó en Murcia. Y eso sí, no hay presupuestos por la situación en Cataluña, y la culpa es de Ciudadanos, como en casi cualquier otra tema. Pero de ese otro bloqueo, hablaremos otro día.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda.