¿Recentralizamos la Sanidad o devolvemos autoridad al Estado?

Puede sonar tentador. Recentralicemos la Sanidad, la Educación, el resto de competencias transferidas y eliminemos, incluso, las Comunidades Autónomas. Para el ciudadano de a pie, hastiado de los abusos y excesos a los que la política nos tiene acostumbrados, es una propuesta seductora.

El argumento principal que sustenta ese pensamiento es el ahorro, evitar los costes que implica tener estructuras duplicadas o triplicadas sin ningún tipo de control por parte del Estado o de la sociedad civil. La conclusión, desde ese punto de vista, es que el Estado autonómico se ha pasado de vueltas.

Pero la realidad es la que es, y en cuestiones sanitarias, recentralizar las competencias con el argumento de que conviene desde el punto de vista de la eficiencia y la calidad del sistema es discutible. De entrada, el título VIII de nuestra Constitución otorga amplias competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas.

Con respecto a posibles acuerdos políticos en Andalucía para devolver al Estado la Educación o la Sanidad, como se viene hablando estos días, parece poco congruente plantearlo sin explicar antes cómo se llevaría a cabo, con qué objetivos y las consecuencias que implicaría. Insisto, puede ser muy tentador pero, en mi opinión, es poco realista. Y en el caso concreto de la Sanidad, hasta poco conveniente.

Para empezar, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, norma principal vigente para cuestiones sanitarias, señala sin ningún género de dudas que el sistema sanitario se organizará en torno a las Comunidades Autónomas. Y establece que en ellas se constituirá un sistema propio de salud que deberá ser gestionado bajo su responsabilidad directa. Ese esquema es una de las principales razones que explica el éxito de nuestro sistema sanitario actual. 

Hay que recordar que hasta los años sesenta del pasado siglo, la asistencia sanitaria individual la sustentaban fundamentalmente instituciones privadas y la beneficencia de las entidades religiosas, dedicándose el Estado a la gestión histórica de la Salud Pública y, por tanto, a la gestión de los centros psiquiátricos y de enfermos  infectocontagiosos.

A partir del plan de estabilización del año 1963, que pretendía entre otras muchas cosas modernizar  España y disponer por primera vez de una provisión sanitaria pública, el Estado empezó a construir los primeros grandes hospitales del país. Pero eran insuficientes a todas luces para cubrir la demanda de la sociedad.

La Constitución de 1978 garantiza en su artículo 43 el derecho de los españoles a la protección de la salud. De ahí que, a partir de entonces, se creara la obligación de garantizar, desde los poderes públicos, la asistencia sanitaria individual a toda la población. Eso hubiera sido absolutamente inviable sin las transferencias autonómicas y sin las redes conformadas por los centros públicos de nueva construcción y los privados ya existentes que se fueron promoviendo desde los propios  Ejecutivos autonómicos.

Lo que sí es una realidad es que, una vez transferidas las competencias en Sanidad, el Estado ha abandonado las funciones de control y vigilancia. Por ello, a día de hoy, cada gobierno autonómico campa por donde quiere.

La ley del año 1986 ya contemplaba expresamente la figura de la Alta Inspección –artículo 43– con la finalidad de “garantizar y verificar las competencias estatales y de las Comunidades Autónomas”. Porque no olvidemos que el hecho de que las competencias estén transferidas no exime al Estado de ser el responsable último de que esas competencias se ejerzan con respeto a los principios de igualdad y solidaridad entre españoles.

Una vez completado en 2002 el proceso de transferencias desde el antiguo Insalud a las Comunidades conocidas como “de la vía lenta”, se aprobó en el año 2003 la Ley de Cohesión y Calidad. La finalidad de esta norma, como reza en la exposición de motivos, era “establecer acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas Sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la Salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud”. Hay que decir que se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas.

De esta Ley surgieron nuevos proyectos, como el fondo de cohesión y calidad o el  consejo interterritorial que, o bien no se han articulado convenientemente o no han tenido suficiente autoridad. Por ello han servido de muy poco. Sin olvidar que la norma insiste en la Alta Inspección como garante del cumplimiento de las obligaciones en materia sanitaria. Pero para que se sepa de qué estamos hablando, no ha habido una sola intervención ni medida aplicable a Comunidad Autónoma desde aquel año 2003.

Por otra parte, hay que decir claro que recentralizar la gestión de la Salud sería hoy un paso atrás, pues se resentiría la calidad de la asistencia a los usuarios. Incluso me atrevería a plantear que las Comunidades Autónomas son estructuras excesivamente amplias para poder realizar la gestión más adecuada del sistema sanitario.

En realidad, la organización autonómica tuvo su origen en razones históricas, culturales, sociales e incluso lingüísticas. Pero ¿qué tienen que ver las cuestiones sanitarias con todo esto? ¿Por qué hay que circunscribir la gestión sanitaria a un ámbito territorial y no a aquel que sea mas idóneo para el funcionamiento del sistema? 

La eficiencia y los buenos resultados de un sistema sanitario dependen de la posibilidad de coordinar de la forma más ágil posible las diferentes instituciones que participan en la cobertura de las necesidades del paciente, tanto sanitarias como sociales. Para eso, dadas las crecientes necesidades de una sociedad marcada por el envejecimiento y la cronicidad, y en un entorno de constante innovación tecnológica, es imprescindible circunscribir los ámbitos de gestión no por territorios autonómicos, sino por unidades demográficas. Así es como se garantizará la masa crítica suficiente para atender la mayoría de los procesos, y también la correcta coordinación y supervisión estatal que asegure los mismos derechos de los ciudadanos en todo el ámbito nacional. 

Por tanto, a mi juicio, más que recentralizar la Sanidad, lo que corresponde hacer es devolver autoridad al Estado para que ocupe el papel que le corresponde, para que asuma una responsabilidad in vigilando que nunca debió de perder y para crear un nuevo modelo de organización sanitaria acorde con las necesidades de la sociedad del siglo XXI.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.