Política y drama de los migrantes en América

El 12 de enero de 2017 tuve la oportunidad de participar con otros tres colegas en una reunión con el entonces presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su despacho en la Torre Trump en New York. Fue esta la única reunión con latinoamericanos que el presidente electo sostuvo a solo diez días de asumir la presidencia de su poderosa nación.

Con Trump hablamos sobre Venezuela, Argentina y la situación en el Triángulo Norte de América Central. Fue allí cuando aproveché la oportunidad para exponerle mi visión del fenómeno migratorio. Le insistí en que más que un indicador estadístico, este asunto debía ser abordado como un drama humanitario que ha creado una crisis en la frontera sur desde los últimos años del Gobierno de Obama.

Conocí profundamente esa crisis por ser el embajador de uno de los países que hoy día generan importantes contingentes de migrantes hacia el norte del hemisferio. También enfaticé que una de las soluciones pasaba por “mejorar las políticas públicas” de lucha contra la corrupción, por fortalecer los sistemas de justicia en la región y, sobre todo, por generar condiciones de sostenibilidad en las economías y los servicios a las comunidades más vulnerables de esa área.

Hoy, dos años mas tarde de aquella reunión en Nueva York, el drama de la migración hacia Estados Unidos proveniente del triángulo norte centroamericano, no cesa. Por el contrario, la cifra parece haber aumentado a juzgar por el incremento de menores que permanecen detenidos desde el momento en que su travesía ha sido interrumpida por la guardia fronteriza norteamericana.

Era yo embajador de Guatemala ante la Casa Blanca en 2013-2015 cuando el tema se convirtió en un drama humanitario muy serio. Y tras buscar soluciones con diversos sectores, coincidimos en que la llegada de niños solitarios e indocumentados a la frontera sur de los Estados Unidos era resultado de múltiples factores que les hacían viajar miles de kilómetros sin acompañamiento familiar, aunque sí bajo la vigilancia de los llamados “coyotes”, los auténticos beneficiarios económicos detrás del drama.

El factor principal de exportación humana ha sido la falta de oportunidades en los países de origen, por el impacto que sufren las frágiles economías de la región. Es una migración de origen financiero. Un segundo componente es el incremento de la violencia en sus comunidades de origen, con lo cual se incorpora el tema de la supervivencia ante un entorno hostil. Una tercera causa es la reunificación de familias que se habían desintegrado cuando uno o ambos padres había entrado sin documentación en territorio estadounidense y se habían logrado establecer.

Aunque las causas son realmente puntuales y fáciles de comprender, los países originarios de esa migración carecen de los mecanismos para solucionar cuando menos los dos primeros vectores sociales que la provocan. Hoy los números que retratan la migración ilegal han crecido. En todo sentido. En toda dirección.

Originalmente, con sensatez y después de muchos esfuerzos para buscar consensos entre todas las partes, el Gobierno norteamericano se comprometió a destinar una cifra cercana a los mil millones de dólares para generar estabilidad y oportunidades, así como mayor seguridad en Guatemala, El Salvador y Honduras, países que también aportarían su respectiva contrapartida a través del denominado “Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte”.

El plan de alianza para la prosperidad del triángulo norte del istmo se ha desbaratado. Hay violencia, no hay inversiones que generen empleos sostenibles en las zonas más sensibles a la migración, los gobiernos están lejos de poder proveer servicios mínimos de salud preventiva y educación.

Hoy, la visión norteamericana sobre el problema ha dado un giro que produce altos niveles de tensión para todos. La turbulencia política y jurídica en el interior de Guatemala y Honduras, sumado al brusco viraje del anterior gobierno salvadoreño que confirma que China no está jugando cuando establece relaciones en el área, ha provocado que se eleven las alertas en Washington y que la Administración Trump pase a imponer sus reglas a toda costa y con una diplomacia menos sutil.

Estas condiciones geoestratégicas pesan, se quiera aceptar o no, en el drama de los migrantes. Mis reflexiones a Trump sobre dar un tratamiento humanitario al asunto quedaron flotando en aquella reunión de enero de 2017. Hoy el controvertido acuerdo de “Tercer País Seguro” entre los Estados Unidos y Guatemala aumenta la presión en la antesala de las elecciones del 11 de agosto próximo, reduciendo la tradicional política de cooperación con Estados Unidos a una de imposición por parte del gigante del norte.

Sin embargo, hay que mencionar que el paquete de medidas adoptadas con Guatemala trae algunos componentes innovadores y que se encaminan en la dirección correcta a la que muchos aspirábamos, como lo demuestra el convenio firmado estos días entre los ministerios de Trabajo de ambas naciones, en la que Estados Unidos -como ya lo hace Canadá desde hace años- otorgará sin limite visas H2A temporales a los trabajadores guatemaltecos del sector agrícola, que en Guatemala son mayoría. Esta es una señal muy positiva que producirá resultados tangibles y constructivos sin duda alguna.

*** Julio Ligorría ha sido embajador de Guatemala ante el gobierno de Estados Unidos y consultor internacional en asuntos públicos.