Europa: debilitar la separación de poderes no sale gratis

Derechos, libertades, respeto constitucional. Son valores democráticos, valores europeos. España, por haberse visto privada de ellos durante demasiados años del siglo XX, los valora especialmente.

España -decimos con orgullo en los últimos tiempos cuando miramos hacia el este de la UE- no es Hungría, no es Polonia. En el reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, España y su judicatura han salido bien paradas y sin los reproches que se han ganado Budapest y Varsovia. El sistema judicial español está dentro de los estándares internacionales de independencia.

¿O lo estaba?

El Gobierno, en lugar de presentar un proyecto de ley sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ha tomado el atajo de registrar en el Congreso –vía PSOE y Unidas Podemos— una proposición para elegir a los magistrados que forman el órgano de gobierno de los jueces y restringir sus competencias cuando se encuentran en funciones. Evita, con esta grosera maniobra, recabar los correspondientes informes, no vinculantes, al propio CGPJ y a los Consejos Fiscal y de Estado. El atajo rehúye negociar con la oposición.

Se ha traspasado una línea. Se ha culminado una deriva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, algo sin precedentes (y, por cierto, registrado en el informe del Estado de Derecho) y que ahora remata la cacicada que se pretende perpetrar con el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. Si se consuma, se nos podrá señalar para nuestra vergüenza; se podrá decir que nuestro país se apunta a la corriente de las reformas judiciales emprendidas por países como Hungría o Polonia. Es más, el primer toque de atención ya ha llegado desde la Comisión Europea, que ha mostrado con claridad sus dudas sobre esta ley y ha señalado que podría violar las normas comunitarias.

Saltarse los controles parlamentarios, tomar atajos para evitar debates, supone erosionar el Estado de Derecho

Mientras el Gobierno acelera a fondo en la curva judicial con grave peligro de derrapamiento constitucional, ¿puede España ser castigada por querer esquivar controles y contrapesos, la esencia misma del funcionamiento democrático? El procedimiento de sanción por vulnerar valores y principios de la UE puede iniciarse de oficio por la Comisión o por 1/3 de los jefes de Estado o Gobierno representados en el Consejo Europeo. La sanción posterior debe aprobarse por 2/3 del Parlamento y ratificarse de nuevo por el Consejo Europeo, primero por unanimidad y, si no es posible, por mayoría reforzada.

En este punto, y por la similitud con la propuesta planteada, es necesario hacer referencia a la modificación legislativa de la ley polaca respecto el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Desde la reforma del año 2016, sólo dos de los veinticinco jueces -en efecto, sólo dos- que conforman dicho Consejo son nombrados por órganos judiciales, quedando el resto de los nombramientos en manos del parlamento. El monopolio del órgano legislativo sobre el judicial es evidente; la separación de poderes, muy difusa. Por eso hablamos de “derivas iliberales”; por eso el artículo 7 del Tratado de la UE prevé que, tras la petición del Parlamento europeo, el Consejo podrá determinar la existencia de un riesgo de vulneración de los derechos comunitarios.

La comparación con el caso polaco permite advertir, en primer lugar, que la propuesta española tendría los mismos efectos que el caso de Polonia: el menoscabo de la independencia judicial de jueces y tribunales. En segundo lugar, pone de relieve que se estaría validando la determinación de un sistema sin atender al rechazo del mismo que en su día ya expresó la Comisión, que consideró que la elección parlamentaria de los jueces supone un “aumento considerable de la influencia del Parlamento sobre el Consejo General del Poder Judicial” que “afecta negativamente a su independencia, en contradicción con las normas europeas”.

Las Constituciones, la española y las democráticas, tienen mecanismos de reforma reforzados, cautelas para evitar los abusos del poder político en sus intentos de controlar al judicial. Saltarse los controles parlamentarios, tomar atajos para evitar debates, soslayar o sortear reformas polémicas con la apisonadora de mayorías parlamentarias ad hoc supone erosionar el Estado de Derecho. Un peligro para la estabilidad y la salud democrática de España; un peligro, además, que no sale gratis en la Unión Europea.

*** Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.