La transición ecológica no es justa si deja a gente atrás

El aumento de la electricidad en el mercado mayorista es un fenómeno que está sucediendo a nivel europeo. Pero ¿por qué se está encareciendo el gas precisamente ahora y en toda Europa? En parte, debido a una concatenación de circunstancias poco afortunada. Si bien al final del verano las reservas de gas suelen reabastecerse de cara al invierno, este año el almacenamiento está bajo mínimos, en buena medida por causa de la ola de frío que marcó el inicio de 2021.

También los flujos de gas natural hacia Europa se han reducido: Rusia está rehaciendo sus reservas, Noruega tiene una parte importante de sus instalaciones en mantenimiento y China, como hace con otras materias primas, está acaparando gas para sostener su recuperación.

Ante esta situación, el Consejo de Ministros acordó el pasado martes un plan de choque con diferentes medidas para mitigar el impacto del alza del gas en la factura energética de los hogares, algunas de las cuales han generado una considerable controversia. Entre ellas, la limitación de la variación del coste de la materia prima en el cálculo de las Tarifas de Último Recurso (TUR) de gas durante el próximo semestre. Según el Gobierno, supondrá que el recibo aumente sólo el 4,6% en lugar del 29% en la revisión de octubre.

Este tope al incremento de la tarifa ha despertado muchas suspicacias, pues hay quien ha visto en la medida una recuperación del famoso déficit de tarifa establecido para el precio de la electricidad en 1998 y que a la larga acabó generando una deuda en el sistema eléctrico que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros, y que a finales de 2020 todavía ascendía a 14.294 millones.

De este modo, el aumento de la tarifa del gas que no se traslade a la factura quedará anotado como deuda que las comercializadoras tendrán derecho a recuperar, con intereses, a partir de abril de 2022. Las comercializadoras, en resumidas cuentas, financiarán la contención del recibo durante los meses invernales (en los que se esperaría que el gas subiese de forma más brusca) y los consumidores devolverán el esfuerzo paulatinamente en los meses siguientes a través de un recargo en su tarifa.   

Pese al temor a que la medida pueda terminar por degenerar en una deuda insostenible, lo cierto es que la duración de esta medida se encuentra muy acotada, lo suficiente como para que su efecto no pueda ser tan desmesurado como auguran sus críticos. Pero también es verdad que el déficit de tarifa eléctrico se adoptó como una medida coyuntural y finalmente acabó vigente durante más de una década. El riesgo estará, por tanto, en las posibles pretensiones de prorrogar una medida que implica consagrar un desequilibrio financiero, y que por definición nunca debería ser una política estructural.

Alternativamente, el Gobierno podría haber optado por bonificar la tarifa a los consumidores de gas natural, de modo que el eventual incremento en la factura se viese compensado por algún tipo de ayuda pública. El resultado sería equivalente, pero sin alterar artificialmente el importe de la tarifa ni, por tanto, haciendo patente el coste de consumir gas natural –dándole razones, por tanto, para consumir menos o sustituir parte de su consumo por electricidad-.

Pensando específicamente en los hogares más vulnerables, esta medida podría haberse articulado mediante una ampliación del bono social térmico, una ayuda puesta en marcha en 2018 que se concede a los consumidores que sean a su vez beneficiarios del bono social eléctrico y cuyo importe varía entre 25 y 123,94 euros anuales en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y su zona geográfica de residencia. Estas medidas alternativas, en todo caso, acabarían siendo soportadas por los contribuyentes, sean consumidores de gas natural o no, lo que también nos llevaría a otros debates. Nada es gratis, en definitiva.

Decisiones como la adoptada por el Gobierno exponen de manera muy ilustrativa sus limitaciones ante un problema cuyas causas exceden con mucho su ámbito de actuación. ¿Qué puede hacer el Gobierno para controlar el precio del gas, si las razones que explican su encarecimiento no dependen de ninguna decisión ni regulación, sino de la propia escasez de una materia prima de la que nosotros como país no disponemos?

Esta pregunta representa uno de los grandes retos que plantea la transición energética: avanzar hacia la descarbonización, con la consiguiente sustitución de energías de origen fósil por otras renovables, y a la vez garantizar el suministro, no sólo en términos físicos, sino también económicos. Porque si la transición, que es un proceso de enorme complejidad, no puede hacerse sin que toda la población perciba sus beneficios y no sólo sus costes, ni considerando sus impactos redistributivos para asegurar que nadie quede atrás, no será justa. Y si no es justa, difícilmente será sostenible.

*** Ramón Mateo es director del gabinete de incidencia pública beBartlet.